La demanda de los discapacitados

Considerando que las personas con discapacidad cuya situación está caracterizada como "grave” y "muy grave” son algo más de 49.000, para entregarles un bono de 500 bolivianos mensuales el Estado requiere disponer de unos 250 millones de bolivianos.

Actualmente ya se destinan 20 millones de bolivianos para el pago de un bono de 1.000 bolivianos anuales para los discapacitados y 20 millones más para un fondo de supuesta ayuda para ese sector. O sea que lo que falta es solamente 210 millones de bolivianos.    El presidente Evo Morales y el ministro de Economía, Luis Arce, entre otras autoridades, han señalado que los 500 bolivianos no pueden entregarse ya que "hay que cuidar la economía”. Mientras tanto, centenares de personas con discapacidad y sus familias realizan una sacrificada marcha.   Las declaraciones de Morales y Arce son sorprendentes si se considera que en general las autoridades hacen un uso dispendioso de los recursos públicos, muchas veces en onerosos "elefantes blancos”, como plantas de minerales que no trabajan pese a que han sido inauguradas hace meses, estadios con más capacidad de espectadores que la propia población del municipio en el que están, y otros. En la "danza de millones” que vive el país, en la que solo el nuevo palacio del Presidente costará más de 230 millones de bolivianos y en la que cualquier iniciativa estatal sobrepasa fácilmente los 1.000  millones de bolivianos, la "preocupación” del Presidente y su ministro causa extrañeza.   La verdad es que, para una economía como la boliviana, 210 millones de bolivianos al año no es cosa del otro mundo. Veamos: el Presupuesto General de la Nación asciende a 217.139 millones, por lo que la demanda de los discapacitados equivale el 0,1% de ese monto. Otra comparación que puede ser útil es la siguiente: la entrega de los bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy y Renta Dignidad alcanza cada año a  3.717 millones de bolivianos, es decir 18,5 veces más que lo demandan los marchistas. O, puesto de otro modo, el bono de los discapacitados solamente equivale al 6% de lo que el Estado destina para pagar el resto de esos pagos.   Finalmente, si comparamos el monto con todo el gasto de la administración pública, que asciende a 59.278 millones, lo que demanda este sector es solo un 0,3%. Por lo tanto, el Presidente y su ministro de Economía están errados al señalar que la demanda de este esforzado sector "pone en riesgo la economía”. ¿Por qué el Estado puede entregar un bono a los escolares,  madres gestantes y personas mayores, que son sectores de riesgo, y no a las personas con discapacidad?


Fuente: Pagina Siete