Dos accidentes con ductos de gas, sin resarcimiento ni justicia

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Página Siete / La Paz

Los familiares de las seis personas que murieron en dos accidentes ocurridos con ductos de gas no encuentran respuestas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ni de las aseguradoras contratadas por la estatal.

El 2 de marzo de 2016, tres técnicos de la empresa Serpetrol, subcontratista de YPFB, perdieron la vida a causa de la fuga de gas de una válvula de seguridad de la red primaria domiciliaria de la zona de Aranjuez, en la zona Sur de la ciudad de La Paz.

Cuando transcurrieron  tres años y cuatro meses del deceso de los técnicos, sus familias no recibieron ninguna indemnización, ya que las aseguradoras y la petrolera estatal dilatan el proceso de resarcimiento.

El segundo caso corresponde a la explosión del gasoducto IPA, en Villamontes, registrado el 18 de octubre del año pasado y que se cobró la vida de los tres integrantes de una familia de la zona. La Fiscalía decidió cerrar el caso sin dar con los responsables.

La tragedia de Aranjuez

Desde hace más de tres años, los padres y esposas de los técnicos Mauro Calle, Adam Mamani y Miguel Cabrera peregrinan por justicia y un resarcimiento justo ante la irremediable pérdida de sus familiares, que fallecieron en un pozo de Aranjuez cuando reparaban la fuga en la tubería principal de propiedad de YPFB.

 Aunque el accidente ocurrió en 2016, hasta la fecha las subcontratistas Serpetrol y Dicap, y las aseguradoras Alianza y Boliviana Ciacruz, además de la petrolera estatal, no conciliaron con las familias de las víctimas.

“YPFB mostró la postura de que ellos, al no ser contratantes directos de Dicap, no tendrían ninguna responsabilidad sobre el hecho (…). Las aseguradoras hablaron entre ellas y nos citaron a una reunión de conciliación, para presentarnos un monto que representaba lo que vendría a ser la póliza de seguro, que según ellos no se podía activar porque había muchos temas legales inmiscuidos de fechas y vigencias”, indicó Yanela Aguilar, viuda del técnico Cabrera, quien dejó dos hijos en la orfandad.

Ante la dilación y la falta de arreglo, el caso se encamina a un juicio. Por esa razón, la parte demandada convocó a las familias a reunirse para conciliar, pero los montos ofrecidos no satisfacen las exigencias de los afectados.

“Nos ofrecieron montos diferenciados para cada persona, eso molestó a las familias, por lo que no se llegó a ninguna conciliación”, manifestó Aguilar.

El padre de Mauro,  Juan Calle, acotó que la póliza con la que cuenta YPFB para estos casos no fue activada y el haber dejado el caso en manos de las aseguradoras los dejó expuestos a problemas de fechas y vigencias.

“Hay una póliza de 500 mil dólares y otra de un millón de dólares. La que tiene YPFB es la más grande y es la que no se ha activado ni por si acaso. Serpetrol tenía dos pólizas con dos aseguradoras,  pero la de Ciacruz no se activó porque decían que no estaban dentro del plazo de vigencia, pero sí estaba vigente la de Alianza”, sostuvo Calle.

Su esposa, Mayra Fernández, agregó que las aseguradoras no llegan a un acuerdo entre ellas y YPFB prefiere “no involucrarse” en el tema. Además, un argumento al que recurren es que su hijo, Mauro, no era técnico de planta, sino un pasante y por eso no puede recibir el mismo trato.

“Con la excusa de que Mauro no estaba contratado no nos quieren dar nada. En vez de darnos una solución a nosotros, las empresas alargan el proceso y prefieren pagar como 150 mil dólares a sus abogados y no conciliar”, reclamó doña Mayra.

Los afectados precisaron que las aseguradoras ofrecieron 60.000 dólares para las tres familias, bajo riesgo de que si no aceptan, el monto irá en disminución por el gasto en el que incurren al pagar los honorarios de los abogados y otros trámites.

Tres muertes en Villamontes

El 18 de octubre de 2018, una explosión en el gasoducto Santa Cruz-Yacuiba, cerca de la comunidad El Pelícano, en Villamontes, Tarija, se cobró la vida de Dionisio Franco, su esposa  Filomena Subia Ávila  y la hija de ambos, Yoselin, de 11 años.

En este caso, se sabe que YPFB Transporte cubrió los costos de las atenciones médicas de las víctimas. Yoselin incluso fue llevada a Estados Unidos para recibir tratamiento, sin éxito. Cuando transcurrieron ocho meses de iniciadas las investigaciones, el Ministerio Público decidió archivar el caso  sin responsables.

“La resolución fiscal y final del caso señala que, al no existir elementos suficientes para acreditar la participación de alguna persona en el hecho, se dispuso el rechazo de la investigación iniciada contra los autores, por lo tanto, corresponde el archivo de obrados”, se lee en el documento Resultados caso explosión de ducto en Villamontes, enviado al Ministerio Público y al que tuvo acceso Correo del Sur.

Además de los tres fallecidos, a causa de la explosión resultaron heridos un niño de 11 años y una mujer que se recupera de las lesiones. También se habla de 12 niños que reciben terapia psicológica y un terreno con afectación medioambiental.

Fuera de estos dos hechos, en diciembre de 2016 también se registró una explosión en la Planta de Tratamiento de Gas Colpa, en el municipio Bélgica, del departamento de Santa Cruz.

Esta instalación, dependiente de la empresa petrolera estatal, dejó dos heridos, que eran técnicos de la empresa contratista Serpetrol, y también hubo daños materiales de consideración. En ese entonces, Petrobras Bolivia, a través de un comunicado, informó  que el hecho se produjo cuando se realizaba el cambio de válvula de un compresor de gas, momento en el que se registró una fuga que ocasionó la explosión que afectó a los obreros.

 

La posición de la firma petrolera estatal

YPFB respondió un cuestionario de Página Siete   referido a la cobertura de los seguros que contrata y si éstos se extienden a personas externas a la empresa, afectadas por algún accidente.

“Cada operación que realiza YPFB tiene presupuestado un monto para la contratación de empresas aseguradoras que cubren las actividades, los equipos, el personal de YPFB y terceras personas. Los montos del seguro están en relación a los riesgos de cada proyecto y en el marco de las normas de la empresa”.

La estatal agregó que “la actividad hidrocarburífera supone riesgos. Sin embargo, hasta el momento todos los accidentes ocurridos fueron cubiertos de acuerdo a norma, tanto al interior de YPFB como en actividades realizadas por empresas contratadas por la estatal petrolera”.

Por último, YPFB indicó que los nombres de las aseguradoras y el valor de sus pólizas figuran en el Sicoes.

 

Fuente:paginasiete.bo

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