Cívicos cruceños reportan 358 asentamientos ilegales en cuatro municipios

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Carlos Quisbert / La Paz

La Comisión del  Comité Pro Santa Cruz -que  recorre las poblaciones de la Chiquitania afectadas por los incendios forestales- registró ayer al menos  358 asentamientos  ilegales en cuatro municipios. Los cívicos afirman que los  colonos fueron “impuestos” a las alcaldías por el Gobierno y que su presencia  afecta los presupuestos municipales.

“En San Ignacio, dentro de su presupuesto  hay gastos previstos para comunidades que han sido asentadas por el Gobierno de forma ilegal.  Son 156 las comunidades originarias y ahora hay 152 nuevas comunidades que han llegado, que han sido impuestas”, informó el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Fernando Camacho.

La comisión de los cívicos cruceños cumple el mandato emitido por el cabildo de Santa Cruz, que el viernes determinó la expulsión de los colonos asentados de forma ilegal en  municipios de la Chiquitania. Los grupos afines al Gobierno son señalados como responsables de los incendios forestales que arrasaron con más de 3,9 millones de hectáreas de bosques en la región.

Otro miembro de la comisión, Rony Justiniano, explicó que ayer los miembros de la comisión recogieron datos de cuatro  municipios de la Chiquitania: San Rafael, San Miguel, Concepción y San Ignacio.

En San Rafael se reportó que de 21 asentamientos legales de comunidades originarias, el Gobierno autorizó el asentamientos de otras 71 nuevas comunidades conformadas por personas ajenas a ese territorio. 

En el mes de marzo, en San Miguel,   el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) entregó 69 nuevos títulos a los colonos y autorizó el asentamiento de comunidades en territorio de originarios, según denunció a Página Siete el representante de los agropecuarios, Carlos Saucedo.

 El vocero señaló que en San Miguel no permitieron el asentamientos de esos grupos, debido a que -al igual que en los otros tres municipios- estos asentamientos  no cumplen los requisitos para ser considerados “comunidades”. 

Saucedo señaló que el incremento de población,  además de afectar  la ejecución del presupuesto anual de la Alcaldía, afecta el padrón electoral. Considera que ese es  uno de los objetivos de la entrega de tierras por parte del Gobierno a interculturales.  

En   Concepción, que contaba con 60  comunidades originarias,  se reporta el incremento de otros 120 asentamientos en áreas protegidas o fiscales. Los agropecuarios denuncian que el INRA se niega a informar bajo qué criterios se considera a esos grupos como “comunidades” y dónde se distribuyen.

Fuente:paginasiete.bo

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