Día del Estado Plurinacional, sin fiesta

El 20 de enero de 2010 se emitió el Decreto Supremo 405, en su artículo único señala: “I. Se decreta el 22 de enero de cada año como el día de la Fundación del Estado Plurinacional (EP) de Bolivia. II. Asimismo, se declara feriado con suspensión de actividades públicas y privadas a nivel nacional el día 22 de enero de cada año”. En los considerandos de dicho decreto, se recuerda el origen del 22E: tras las elecciones del 18 de diciembre de 2005, es el domingo 22 de enero de 2006 cuando Evo Morales asumió “la conducción del Estado en representación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos”; y allí mismo se dice que es el 22 de enero de 2010 cuando “se instituye el Estado Plurinacional de acuerdo con la Constitución Política del Estado”. Pero todavía otro hecho, acaso el decisivo en ese momento, que le da un plus al tan festivo 22 de enero de 2010: Evo Morales asumía su segundo mandato, para el periodo constitucional 2010-2015. Este miércoles 22 de enero de 2020 se cumplen 10 años de la nueva forma estatal boliviana. Hay que decir que en todos los organismos dependientes de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el país figura —y como una llamativa excepción— como “Estado Plurinacional de Bolivia”. 

El del miércoles será el primer 22 de enero sin el MAS en el poder; y, claro, ahora más que nunca amerita la reflexión de lo hecho y de la perspectiva del EP.

Aunque parezca formal, apunta el abogado constitucionalista Farit Rojas Tudela, no es menor el hecho de que el término plurinacional aparezca al menos 130 veces en la Constitución. “Esto significa que es una nueva condición, tanto de la Constitución misma como de la estatalidad boliviana”, remarca.

Por lo menos en teoría, el EP se diferenciaría del “Estado-nación” (lo que es en buena parte de los países) porque no alberga a una sola nación, sino varias y, para el caso de Bolivia, a varias preexistentes a la República.

“La preexistencia de naciones y pueblos indígenas, ésta es la pluralidad sobre la que se levanta el Estado plurinacional comunitario. Es una ruptura respecto al Estado-nación, es decir un Estado que tiene por misión homogeneizar el tejido social, base para el monismo jurídico, para la construcción moderna de instituciones racionales, por ejemplo un solo idioma oficial, un solo derecho válido, una sola forma de entender y comprender el desarrollo. La Constitución de 2009 rompe con esta manera de concebir el Estado y reconoce la existencia previa, y con ella la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas, que no son 36 sino más de una centena”. (La autoidentificación en el censo, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) alcanzó a 122 “pertenencias culturales declaradas”, no solo 36).

Desde el lado crítico, el abogado e investigador Carlos Böhrt apunta que el MAS en realidad “no tenía una idea clara” de lo que entendía y debe entenderse por EP, porque, dice, esto “no puede reducir lo pluri a solo los pueblos indígenas”; así, solo estaríamos hablando de un “Estado indígena”, dejaría de ser pluri; “no tenían la concepción clara; eso ocasionó que se focalizaran en los temas de reconocimiento de pueblos indígenas”, dejando de lado al resto no indígena.

Para el abogado, gestor de la Participación Popular, Carlos Hugo Molina, en cambio, lo plurinacional hizo más confuso todo. Tras el tradicional sistema unitario del Estado boliviano, se generó, por lo menos formalmente, una singular “confederación”: “Al introducir lo pluri, y reconocer las 36 formas previas a la creación del país, en la práctica se configuró una confederación de naciones originarias con el Estado boliviano”, con el resto “mestizo” del país. “Esto complejizó todo desde el punto de vista técnico”.

IGUALDAD. Desde el ámbito de la nueva intelectualidad aymara, el investigador indígena Carlos Macusaya propone una nueva significación de lo plurinacional, desde la práctica ciudadana: “Lo plurinacional entre la gente no trata tanto en el sentido de lo rural, de minorías étnicas; no están con lo de la autonomía indígena. Lo plurinacional se entiende más bien como el respeto a la identidad que uno puede asumir, sin que eso signifique que uno esté aspirando a reconocimiento territorial o independencia respecto al Órgano Judicial”.

Se asume lo plurinacional como una demanda de “respeto a mi identidad. Es la ciudadanía plena sin que el apellido o el color de piel sea una limitación. Para la gente, ciudadanía plena es plurinacionalidad”, destaca Macusaya.

Un hecho significativo de lo plurinacional, coinciden los entrevistados, es que en varias instituciones estatales se haya establecido la “cuota” indígena y de género, aunque ello no deba verse como un fin en sí mismo, sino como parte de un proceso, se habla de la propia Asamblea Legislativa Plurinacional, los tribunales de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, entre otros órganos colegiados.

La cuota indígena “no me parece menor, pues la sola presencia transforma. Es más, esta presencia de indígenas y mujeres debería ser mayor, pero creo que es un punto de partida”, destaca al respecto Rojas.

Pero esta presencia, reclama Böhrt, no está clara en cuanto a su resultado, a su efectividad: “A la postre, no se identifica con claridad cuál es la importancia, por ejemplo, de representantes de pueblos indígenas en el Tribunal Electoral, cuando hacen exactamente lo mismo [que sus colegas] en el proceso electoral”.

En cuanto a la Asamblea Legislativa Plurinacional, el mayor órgano de representación política y poblacional, fue llamativa la forma en que se resolvió la representación indígena: de 130 diputados solo hay 7 por circunscripción especial indígena. Para Rojas en esto ciertamente hubo un freno, aunque no irreparable: “Creo que sí es un retroceso, pero si seguimos el diseño constitucional sería un punto de partida, pues lo indígena para el EP no es solo lo indígena territorial, sino el reconocimiento de lo indígena en todo el tejido social, es decir en todas partes. Los diseños podrían haber sido (y podrán ser) mejores”.

La cuota plurinacional, de dar espacio a lo indígena, si bien puede ser una propuesta válida, y de hecho hay varios viceministerios o reparticiones estatales con el exclusivo fin de valorizar lo pluri (Medicina Ancestral, Descolonización, Pluralismo Jurídico, en fin) destaca Molina, solo es una “formalidad que puede no estar respondiendo a una demanda práctica, no solo del Estado sino de la sociedad misma”, advierte.

CUOTAS. En cuanto a esta cuota indígena, el investigador aymara Macusaya expresamente va a contracorriente: “No hay que mantener los cupos. Debe lograrse el empleo o cargo por la capacidad, no por la condición étnica”. Valorar a las personas no por el origen sino por su capacidad, demanda Macusaya; reivindica que ahora ya hay profesionales indígenas que podrían lograr cargos al margen de su procedencia.

Otro aspecto para testear el desarrollo del EP, aunque parece formal, es el uso de los 36 idiomas oficiales que según la Constitución tiene Bolivia. Un hecho que genera “legítimas dudas sobre la consistencia” del EP, apunta Molina, es que el uso de un idioma originario además del castellano “no solo que no se cumple, sino que no ha sido práctico”; es de notar, por ejemplo, que ni el expresidente Morales y ni el exvicepresidente Álvaro García casi nunca hablaran en público en idioma originario”.

Una de las banderas del EP, por lo menos al principio, fueron las autonomías indígenas. A la fecha hay tres: la Guaraní Charagua Iyambae, la Indígena Originario Campesina Nación Uru Chipaya y la del Pueblo Indígena de Raqaypampa.

El constitucionalista Rojas más bien valora el rol de las autonomías indígenas, por la potencialidad que pueden desplegar para la gestión pública local. “Yo creo que las autonomías indígenas tienen un gran futuro, creo que han avanzado más que las autonomías departamentales, e incluso que las municipales. Si bien apenas hay pocas con estatutos y en funcionamiento, se viene una docena más. A la vez creo que siempre (no solo con el gobierno anterior o con el actual o con el que viniere) los pueblos indígenas estarán tensionados y obligados a negociar, lógicamente hay gobiernos que tienen (o generan) mejores condiciones para este diálogo, otros que simplemente niegan el diálogo, pero cerrando los ojos el mundo no desaparece”.

Para Böhrt, en cambio, las autonomías indígenas plantean más interrogantes que certezas: “Hay serios problemas con la autonomía indígena, y es que finalmente los pueblos indígenas no se entusiasmaron  con el tema, como se esperaba”. Si bien se dice que la ley ha puesto muchas trabas a las autonomías indígenas, con procedimientos largos y difíciles de cumplir (este es uno de los cuestionamientos de Rojas), para Böhrt el problema es de diseño institucional: “Con referencia a Raqaimpampa, ¿hablamos de la autonomía quechua o tenemos que hablar de la autonomía de una pequeña comunidad de origen quechua? Yo dije paren esto, y diseñen una política, a dónde quieren ir; y ahora no estando el MAS, ¿qué pasará? Si el MAS no terminaba de entender el tema, no sé qué entenderán estas otras personas [el nuevo gobierno]?

Aunque no directamente relacionado con este tema, Molina propone una futura gran dificultad para las autonomías indígenas y para la población rural en general: la migración campo-ciudad. “El traslado voluntario o forzoso de áreas rurales hacia las urbanas es el futuro; la tendencia es que el año 2032, 90% de la población vivirá en el área urbana; aquellos que asumieron lo indígena como horizonte, se verán en problemas con esto: no se traslada del campo a la ciudad los modos de reproducción de la vida, y al cambiar de modos de reproducirse, cambian los modos culturales”.

FUTURO. Sobre al futuro del EP, las opiniones son divididas.

Para Molina, lo principal es dejar el formalismo en las políticas públicas con respecto a la implementación de lo plurinacional.

“¿Sin el MAS en el poder, cómo seguirá el EP?”, se pregunta. Si fuera consistente el EP, “no debiera ser objeto de duda”. Con todo, los cambios sociales y políticos que se están viviendo, afirma, “van a servir para analizar el grado de consistencia de todo lo avanzado”.

Para Rojas, lo primero es no ignorar toda la problemática plurinacional, y ver los avances y limitaciones que se han dado en el camino. “Todo el diseño [del EP] se encuentra en la Constitución, pero la normativa secundaria que debía acompañarla fue muy restrictiva, muy tímida, por ejemplo, la ley de deslinde [jurisdiccional, referida a la relación justicia originaria-justicia ordinaria] casi elimina la jurisdicción indígena”.

Macusaya remarca que el tema de fondo es el de la igualdad, uno de los aspectos centrales de plurinacionalidad: “La gente defenderá lo plurinacional, se sentirá agredida si se busca cambiar, eliminar la plurinacional. Diría que se le quiere coartar su derecho a ser tratados con igualdad”.

Para Böhrt, la “incógnita” del EP plantea dos grandes cuestiones. Por un lado, “esclarecer dos conceptos: República versus Estado plurinacional. Yo creo que aquí hay un malentendido. Toda la institucionalidad del EP es republicana. Se desató una monumental confusión entre república y EP. En realidad, somos una república en un estado que pretendía ser estructurado bajo la modalidad de plurinacionalidad; eso es lo que hay esclarecer”. Y en, segundo lugar, “¿qué alcance le vamos a dar al EP?, ¿estamos pensando en una gigantesca autonomía indígena aymara, en otra quechua, en una guaraní y alguna otra más [que haga] federalismo con el 60% de la población no indígena, que somos nosotros?

Fuente:la-razon.com

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