Han pasado casi 11 años del operativo realizado por la Policía en el hotel Las Américas (16-04-2009), donde murieron por disparos de arma de fuego los ciudadanos extranjeros Michael Dwyer, Eduardo Rózsa y Arpad Magyarosi, acusados de formar parte de una célula terrorista financiada por logias cruceñas que supuestamente tenía la finalidad de separar Bolivia.

Casi 11 años después de ese acontecimiento, que dio paso al denominado caso terrorismo, el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz dictó una sentencia absolutoria en favor de 33 de los 39 acusados y puso fin al caso. El retiro de la acusación del Ministerio de Gobierno y Ministerio Público son los principales argumentos para la determinación judicial.

Ayer, al término de la última audiencia de juicio oral, los procesados y los familiares de éstos lloraron de alegría. Más de uno dijo: “La justicia tarda, pero llega”, mientras que todos ratificaron su inocencia, que al final fue demostrada.

“Conseguimos doblegar a esa maldita justicia que se creó desde el MAS (Movimiento Al Socialismo)”, exclamó, en medio de lágrimas, Gary Prado Salmón, uno de los 33 ciudadanos absueltos. Y es que desde 2012, cuando se inició el juicio, los acusados debían asistir semana por medio a las audiencias. Ahora coinciden en que continuarán los procesos en contra de las exautoridades.

Gary Prado Arauz, abogado de algunos procesados, ratificó la versión que sostuvo a lo largo del juicio: que se trata de un caso armado, un montaje y una falacia que crearon las exautoridades del Gobierno de Evo Morales con la finalidad de derrocar el movimiento cívico autonomista.

“Se había construido un proceso en contra de personas inocentes y se los tenía sometidos a restricciones de su libertad, la cárcel, exilio, y hoy se ha reivindicado la justicia en Bolivia. Entonces más que satisfacción, lo que hay es sentir que se ha hecho justicia”, dijo el jurista.

El pasado 20 de enero, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, asistió a una de las audiencias de juicio oral y retiró la acusación que esta cartera de Estado había realizado en 2009.

Fue el primer elemento clave para la extinción del juicio. Murillo dijo que se trataba de una acusación falsa hecha por el MAS para amedrentar a un grupo de cruceños y evitar que se “muevan en libertad”.

Ayer, a dos semanas de la determinación del Ministerio de Gobierno, el Ministerio Público también decidió retirar la acusación en base a cuatro argumentos que son explicados por el fiscal Marco Rodríguez: “La renuncia de las juezas ciudadanas; la sentencia que ha merecido el exfiscal Marcelo Soza; el retiro de acusación particular por parte del Ministerio de Gobierno y la denuncia que se ha interpuesto en contra del exministro de Gobierno, Carlos Romero”.

La investigación comenzó el 14 de abril de 2009, un día antes del atentado a la casa del cardenal cruceño Julio Terrazas y dos días antes del operativo en el hotel Las Américas. Ése es un elemento cuestionado por Prado Arauz, que afirma que no se puede investigar un hecho que no ocurrió.

El exfiscal Marcelo Sosa encabezó las investigaciones que, a lo largo de 20 meses, estuvieron envueltas de hechos de extorsión. Zvonko Matkovic Fleig, empresario y exprefecto de Santa Cruz, denunció en 2013 que

Sosa le sonsacó 90 mil dólares con el compromiso de liberar a su hijo, Zvonko Matkovic Rivera, uno de los 39 acusados.

En total, Sosa habría sonsacado al menos 4 millones de dólares. Sin embargo, en 2015, al iniciarse un proceso en su contra, se fugó a Brasil y consiguió refugio político, pero tres años después fue condenado a 12 años de cárcel por la justicia boliviana por los delitos de concusión y uso indebido de influencias.

Vía para autoinculpados

Prado Arauz informó que las seis personas que se sometieron a un procedimiento abreviado pueden solicitar una revisión extraordinaria de sentencia basada en hechos recientes para demostrar su inocencia, ya que fueron forzados a declararse culpables.

 

5 HITOS DEL CASO

1. Inicia el caso con tres muertos. El 16 de abril de 2009, la Policía ejecutó un operativo en el hotel Las Américas, donde murieron tres extranjeros acusados de conformar una célula terrorista financiada por logias cruceñas.

2. Fiscal extorsiona a algunos acusados. El exfiscal Marcelo Sosa investigó el caso por al menos dos años, tiempo en el que habría extorsionado con al menos $us 4 millones a algunos acusados prometiendo beneficiarlos.

3. CIDH admite demanda. En febrero de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió una denuncia contra el Estado boliviano por la violación de los derechos humanos y la ejecución extrajudicial.

4. Cae Evo; Gobierno retira acusación. En noviembre de 2019, se ordena la liberación de los dos últimos detenidos. En enero de 2020, el Ministerio de Gobierno retira su acusación y da paso a la extinción del juicio.

5 Tribunal absuelve a 33 acusados. El 4 de febrero de 2020, el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz dictó una sentencia absolutoria en favor de los 33 procesados, quienes quedan libres y sin medidas restrictivas.

 

DENUNCIARÁN A EVO Y A EXFUNCIONARIOS

Gary Prado Arauz, abogado de algunos de las personas absueltas en el caso terrorismo, anunció que los responsables de mantener privados de libertad a personas inocentes deben asumir su culpa.

Mencionó que los responsables son Evo Morales; los policías de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc), que ejecutó el operativo en el hotel Las Américas; Luis Clavijo, exdirector de Régimen Interior; Sergio Céspedes, exfiscal; Betty Yañíquez, exjueza del caso y actual diputada del MAS; entre otras personas.

Al respecto, Alcides Mendoza, uno de los absueltos, recordó que ya existe una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otra ante La Haya por las muertes durante el operativo en el hotel Las Américas. En febrero de 2018, la CIDH admitió la denuncia en contra del Estado boliviano por la violación a los derechos humanos y la supuesta ejecución extrajudicial.

Fuente:laprensa.com.bo

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