El alcalde José María Leyes, de Demócratas, logró ayer su libertad con medidas sustitutivas en el caso Mochilas II en cumplimiento de la Sentencia Constitucional 0581/2019 que se pronunció sobre la acción de libertad que presentó en el Tribunal Constitucional Plurinacional. Sin embargo, está con detención domiciliaria por Mochilas I.

El abogado de Leyes, Jorge Valda, dijo que el Tribunal emitió dos sentencias. La primera se conoció ayer y la segunda, por Mochilas I, se tratará la próxima semana.

Una vez que las dos sentencias sean notificadas a las partes del proceso, el Alcalde electo podría volver al cargo del que está apartado desde abril de 2018 por denuncias de corrupción.

Leyes enfrenta seis procesos, tres por la presunta compra irregular de mochilas. El caso más avanzado es Mochilas I, que tiene acusación por cinco delitos. (Ver infografía).

Sin embargo, su defensa pedirá la anulación de los procesos, pues considera que el Alcalde fue un perseguido político del gobierno del MAS.

Valda dijo que la detención de Leyes fue “ilegal” y que su cliente debía estar libre desde febrero de 2019, como establece la primera sentencia constitucional.

Al final de la audiencia en la Sala Penal Primera, que duró unos 10 minutos, se dispuso el cumplimiento de la sentencia constitucional y el alcalde Leyes aseveró: “Yo me sometí a la justicia, no me escapé, di la cara.

Ahora se empieza a hacer justicia, a esclarecer y a saber la verdad”.

No es “irrestricta”

Aunque la defensa dijo que Leyes tenía “libertad irrestricta”, la Fiscalía remarcó que la autoridad es procesada por presuntos hechos de corrupción y tiene libertad, pero con medidas sustitutivas.

Sentencia 0581

La nueva fiscal del caso, Eliana Colque, explicó que la sala dispuso devolver antecedentes al juzgado de origen en cumplimiento de la Sentencia 0581/2019, pronunciada sobre la acción de libertad que planteó la otra abogada de Leyes, Andrea Trigo.

En su parte resolutiva, el fallo del 12 de marzo dictado por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba dispone dejar sin efecto el auto de vista de 19 de febrero de 2019 disponiendo que los vocales dicten nuevo fallo sobre todas las cuestiones que fueron objeto de apelación.

En consecuencia, se emitió una resolución que ratifica lo dispuesto el 11 de noviembre de 2019. En ella, el juez anticorrupción fijó como medidas sustitutivas la presentación periódica cada 14 días ante el registro de control el Ministerio Público, arraigo con prohibición expresa de no abandonar el departamento y la prohibición de comunicarse con testigos o eventuales participes de los hechos de corrupción que se indagan.

Mochilas I y II

La detención de Leyes provocó una crisis municipal y destapó varios casos de presunta corrupción de la autoridad edil, funcionarios y familiares, que fueron investigados por el Ministerio Público y el Viceministerio de Transparencia. En Mochilas I se cuenta con un informe del Instituto de Investigaciones Forenses y en el II con un informe de la Contraloría que detectó direccionamiento.

Los procesos continúan. El Ministerio Público remarcó que los procesos por presunta corrupción contra Leyes continúan y tiene medidas sustitutivas.

CONCEJAL PIDE LLEGAR A LA VERDAD

La concejal Rocío Molina manifestó a la red ATB que “es importante diferenciar de que el hecho de que una persona se defienda en libertad no significa que sea inocente; el proceso continúa y lo que queremos es que se establezca el nivel de responsabilidad, no solamente del Alcalde, sino de todo su entorno”.

RIGE SUSPENSIÓN POR 90 DÍAS

El concejal Edwin Jiménez recordó que José María Leyes tiene tres sanciones administrativas, cada una con una suspensión de 30 días.

Explicó que se cumplirán una vez que la autoridad edil retome sus funciones. Sin embargo, el abogado de Leyes dijo: “El Concejo no puede suspender a un Alcalde, no tiene esa competencia, por lo cual él no tiene ningún impedimento para retornar a la Alcaldía” de Cochabamba.

Las suspensiones son por la violación a normas de contratación del desayuno escolar en 2017, por la vulneración de normas básicas de adquisición de bienes y servicios en el tema de mochilas escolares y, finalmente, por la compra simulada de vehículos que fueron entregados antes de lanzarse la licitación.

La defensa de Leyes dijo que denunciará la presión que ejercieron algunos concejales ante jueces y fiscales para que no lo liberen oportunamente. Les pidió revisar su conciencia.

Fuente:lostiempos.com

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