La publicidad de los archivos de la defensa legal del Estado

Foto: CELAG

Durante doce años fui funcionario público de profesión (si es que aplica el término): antes de haber asumido cualquier cargo en la Administración Pública, siendo abogado me formé con una maestría en la Academia Diplomática Boliviana “Rafael Bustillo” y para defender legalmente al Estado boliviano asistí a una cantidad considerable de cursos y conferencias, tanto de Naciones Unidas como de otras instituciones y foros internacionales que lideran el arbitraje internacional de inversiones, como se conoce a los arbitrajes en los que un inversionista demanda a un Estado, en el marco de un tratado internacional.

Junto a muchos otros que fuimos parte del gobierno del ex presidente Evo Morales, se tuvo un largo proceso de aprendizaje, que asumimos con mucha responsabilidad, para la defensa legal de los intereses del Estado, a efectos de conocer las lógicas de los diversos centros de administración de litigios a los que Bolivia había sido sometida en gobiernos neoliberales previos: el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) o la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).

Todas estas instituciones de alguna manera están respaldadas por los poderes fácticos a nivel internacional: el CIADI es parte del Banco Mundial, las grandes potencias son las que mayor peso tienen sobre la CPA y la CCI es un conglomerado de empresas transnacionales multimillonarias. Asimismo, sus reglas de solución de controversias están destinadas exclusivamente al cumplimiento efectivo de sus sentencias (llamadas “laudos”) hasta en el último rincón del planeta: allí donde haya algo para confiscarle a un Estado perdedor, la sentencia será utilizada.

Consecuentemente, se trata de un verdadero «sistema internacional de protección de inversiones» frente a los gobiernos de países en desarrollo –esto es, todos aquellos que no son europeos o los Estados Unidos– independientemente de su tendencia ideológica. Haber sido un Estado demandado en dicho sistema (como lo han sido todos los países latinoamericanos), hizo que surja para Bolivia la necesidad, primero, de contar con estudios jurídicos internacionales que tengan la especialidad y el conocimiento suficientes para enfrentar estos litigios y, segundo, que los mismos se traten como temas de seguridad de Estado.

Respecto al primer punto, incluso las grandes empresas transnacionales a pesar de contar con gerentes y asesores legales internos, no usan a sus abogados de planta para estos arbitrajes sino que destinan grandes presupuestos para la contratación de estudios jurídicos internacionales. Esto hace que los Estados se vean obligados también a contratarlos, a efectos de presentar una defensa con similar rigurosidad y calidad. Bajo esta lógica es que, por ejemplo, durante la gestión del ex presidente Jorge Tuto Quiroga se contrató a Crowell & Moring (Caso Aguas del Tunari ante el CIADI) o que durante la gestión del ex presidente Evo Morales se hubiesen requerido los servicios de Foley Hoag o Dechert.

Con referencia al segundo punto, no se necesita elaborar mucho para establecer que la defensa legal del Estado está vinculada a su seguridad y soberanía. Las empresas transnacionales forman parte del avance de la política exterior de sus países de origen y las agencias estatales de cooperación como la mayoría de las ONGs de países extranjeros trabajan con el objetivo primordial de crear condiciones de inversión (ya sea bajo la denominación de cooperación económica, ayuda humanitaria, etc.), para que sus empresas transnacionales accedan -y compitan por el acceso- a las materias primas: una práctica que viene desde la creación de la Compañía Británica de las Indias Orientales. Esto, sumado a las grandes cuantía litigadas y que la mayoría de las veces traen aparejados temas sobre derechos humanos o medioambiente, hace que los arbitrajes de inversión sean, pues, temas de seguridad de Estado. No entender esto es sumamente grave.

En ese sentido, tratar a los arbitrajes de inversión como si se trataran de meros procesos judiciales nacionales y no darles la reserva requerida es un error que, si bien podría ser de interés temporal de algunos medios o tener un efecto electoral inmediato, a la larga podría acarrear complejas consecuencias para el Estado, por decir lo menos.

Pablo Menacho
Pablo Menacho Diederich es abogado internacionalista y master en relaciones internacionales. Ha sido director general de asuntos jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores y consejero en la Embajada de Bolivia en Washington, DC. Defendió legalmente al Estado boliviano desde diferentes instituciones, habiendo ocupado los cargos de Ministro de Defensa Legal y Procurador General del Estado.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here