Una importante paciente es internada de emergencia en terapia intensiva, la Libertad de Expresión ha caído víctima del Coronavirus

Mauricio Jara Pacheco, otra víctima de la aplicación de delitos abiertos de "desinformación" y "generación de incertidumbre en la población", es fuertemente resguardado por miembros de la Policía Nacional, con armas de grueso calibre, por haber creado y ser parte de grupos de Whatsapp.

Síntomas del Covid-19 en la Libertad Expresión

A principios de 1917, Alemania había emprendido una empresa expansiva por los océanos, impulsando a Estados Unidos de América a declararle la guerra el 6 de abril de 1917, lo que marcaría la entrada de ese país en la I Guerra Mundial, tras lo cual su presidente, Woodrow Wilson, crearía el “Comité sobre Información Pública” que incitaba a la opinión pública a apoyar la campaña guerrista estadounidense que desmontaría su política aislacionista de principios del siglo XX, con consecuencias en el imaginario colectivo acerca del rol de Rusia, Alemania y otros, que perduran hasta nuestros días.

Durante la época, Estados Unidos aprobó la famosa Ley de Espionaje (“Espionage Act”, léase “Ley anti-espionaje”), que incorporaba diversas formas de censura y reducción de la libertad de expresión, incluyendo su criminalización y persecución, atendiendo los derechos imperiales del Estado cuando enfrenta una emergencia o una guerra.

Fue en este contexto que se escribió el famoso ensayo estadounidense denominado “Libertad de Expresión en Tiempos de Guerra”. Su autor fue el Profesor Zechariah Chafee Jr. (1885-1957), sin duda la principal autoridad académica de los Estados Unidos en materia de libertad de expresión y prensa de su tiempo, quien lo escribió y publicó para la revista Harvard Law Review, de esa misma Universidad, en la que Chafee impartía cátedra en la Escuela de Derecho.

A través de ese documento, Chafee cuestionaba la suspensión de la primera enmienda –libertad de expresión– del Bill of Rights o Carta de Derechos (nombre con el que se conoce a las primeras 10 enmiendas de la Constitución estadounidense) durante un Estado de Excepción o Emergencia, amparándose en un Memorándum concerniente a Prisioneros Políticos en la Jurisdicción del Departamento de Justicia de 1919, del Fiscal General de los Estados Unidos, que decía:

Este departamento a lo largo de la guerra ha procedido bajo el principio general de que el derecho constitucional de libertad de expresión, libertad de reunión y de petición existe en tiempos de guerra como en tiempos de paz, y de que el derecho de discusión de las políticas gubernamentales y el derecho a la protesta política son los derechos más fundamentales en una democracia.

Estos criterios han estado presentes hasta nuestros días en el fuero jurídico formal relevante, que ampara la primera enmienda y son el espíritu con el que el Congreso estadounidense y su Comité de Relaciones Exteriores en un comunicado público, de 14 de abril de 2020, condenaron las acciones ejecutivas del gobierno interino boliviano, adoptadas bajo la excusa del Estado de Emergencia Sanitaria, señalando:

El Gobierno Interino de Bolivia no debería amenazar con usar la pandemia como justificación para encarcelar gente bajo ambiguos cargos de “desinformación”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene razón al expresar sus preocupaciones por esta norma.

Este comunicado marcó dos posiciones categóricas, al mismo tiempo que homogéneamente compartidas:

En primer lugar, que incluso los congresistas estadounidenses respaldan positivamente las acciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuya Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha condenado enérgicamente el Art. 13(II) del Decreto Ley 4200, cuya ambigua redacción crea las figuras delictivas abiertas de “desinformación” y “generación de incertidumbre”, tal como se usaba en el Derecho Germano de la II Guerra Mundial.

Por extensión, la CIDH condena las voces que, lejos de lo institucional, simplifican la libertad de expresión y cuestionan los motivos por los que esa alta Comisión de la OEA defiende el derecho a la Libertad de Expresión, tal como si se tratara de una posición política condenable.

Este tipo de censuras y los ataques posteriores a promotores y defensores de los Derechos Humanos, terminan exponiéndolos y costando la vida de muchos de ellos como, por ejemplo, la del ex Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Sergio Vieira de Mello, en agosto del 2003.

En segundo lugar, advierten la posible utilización de difusas redacciones para atentar contra principios generales del derecho, señalando un móvil de encarcelamiento arbitrario en contra de quien exprese una mera opinión, contraria a los criterios oficiales emanados de las actuaciones públicas del aparato burocrático.

La paciente es internada en terapia intensiva

Del mismo modo, organizaciones políticas, legales y civiles, de carácter nacional e internacional, personalidades vinculadas a la promoción de los Derechos Humanos, así como líderes sociales, a saber: la CIDH, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Human Rights Watch, la Defensoría del Pueblo de Bolivia, entre otras, han acompañado la voz de condena a la ambigua redacción del Decreto Ley 4200, que importa sui generis tipos penales bajo el paraguas de los infames “ciberpatrullajes”.

Los titulares de dos de los principales periódicos del país, El Deber y Página Siete, reflejaron la rara noticia sobre “ciberpatrullaje” en términos casi idénticos.

En este marco, Amnistía Internacional, en seguimiento a su propia solicitud de derogación del indicado Art. 13(II) del Decreto Ley, ante la inminente emergencia de un atentado flagrante a los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos asumidos por Bolivia, el 17 de abril de 2020, mediante un comunicado público advirtió la perversa aplicación de normas y declaraciones públicas <<sobre la aprehensión y el procesamiento penal de “67 actores políticos” acusados de participar en “movimientos de desestabilización y de desinformación” 37 de los cuales habrían sido empujados a “procesos abreviados” para disminuir sus “condenas”>>; confirmando así la aplicación de los temidos delitos de opinión.

Del mismo modo, el día de 23 de abril de 2020, los titulares de los periódicos en Bolivia reflejaron una noticia utilizando –palabras más, palabras menos– el mismo encabezado y que el diario boliviano El Deber publicó como “Envían a Palmasola a ‘guerrero digital’ del MAS acusado por sedición e instigación pública a delinquir”.

Sin embargo, las pruebas que pesaban en contra del detenido, Mauricio Jara, según la noticia, eran ser “creador de 7 grupos de WhatsApp, administra[dor de] 11 y [ser] integrante de 75 grupos”, el mismo habría sido “capturado luego de un patrullaje cibernético por agentes peritos y un juez lo envió a la cárcel”, pues las investigaciones habían supuestamente encontrado que Jara “desinformaba a la gente” e incluso “se identificaba con la causa del MAS, atacaba a la actual administración del Gobierno calificándolo de tirano, dictador y golpista”.

La publicación de esta noticia coincide, vis a vis, con las advertencias realizadas por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, publicadas el 11 de abril mediante su cuenta de Twitter, donde expresaba la “grave preocupación por aprobación (aplicación) del decreto en #Bolivia que sanciona con prisión el ‘desinformar’ o ‘incitar a delitos contra la salud’ para enfrentar el #COVID-19”, calificándola como “una figura amplia y vaga que amenaza la crítica de políticas o información periodística”.

La CIDH concluía señalando que el Decreto Ley “no cumple con el principio de legalidad y no se ajusta al interés imperioso de proteger la salud. La @RELE_CIDH (Relatoria para la libertad de Expresión) reitera que además es desproporcionado el uso del derecho penal para criminalizar expresiones de interés público. Llamamos al gobierno de #Bolivia a dejar sin efecto”.

La posición de los organismos internacionales en materia de Derechos Humanos resulta ser concordante con lo expresado por el profesor Zechariah Chafee Jr. en 1919, sobre los límites de la libertad de expresión en tiempos de guerra, en contra de aquellos que abogan por limitarla a su mínima expresión, señalando que la “opinión de que la Carta de Derechos (primera enmienda) es un documento de tiempo de paz y, en consecuencia, la libertad de expresión puede ser ignorada en la guerra” era errónea, toda vez que ese punto de vista había sido oficialmente repudiado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

La definición de Chafee marcó finalmente la línea doctrinal sobre el respeto al derecho a la libertad de expresión en situaciones de convulsión interna, estragos sociales, crisis climáticas, emergencias sanitarias o estado de sitio, cuya naturaleza es distinta a la de una guerra.

Cuadro Clínico

No obstante, sendas advertencias pesan sobre el régimen punitivo del Decreto Ley 4200, la aplicación de la controvertida norma se ha vuelto cada vez más frecuente. Se puede decir, incluso, haciendo una analogía con la coyuntura sanitaria, que una nueva paciente ha ingresado con diagnóstico públicamente reservado a las unidades de terapia intensiva del país: esta paciente es la libertad de expresión.

Mafalda de Quino.

En Bolivia, la libertad de expresión ha sufrido un embate de Coronavirus y no tiene un médico intensivista que la asista.

La han desconectado del respirador pues la impopularidad de la paciente ha obligado a sus tutores a deshacerse de la máquina que la oxigenaba y la han obligado a que trate de sobrevivir por sí sola. Mientras el cuadro se complica, tiene fuertes ataques de dolor y, en ocasiones, ha dejado de respirar por periodos prolongados de tiempo. Aunque sigue luchando por su vida es probable que la paciente siga agonizante, con su bozal, postrada en cama mientras no sea asistida de manera adecuada.

Cuidar la vida de esta paciente es de fundamental importancia para la supervivencia de nuestra sociedad, aunque parecen haber voces que quieren verla morir. Tal como el Profesor Zechariah Chafee Jr. en los Estados Unidos, o en Bolivia también lo hacían de diversas formas Luis Espinal Camps, Manuel Morales Dávila, Reynaldo Peters Arzabe, o Gonzalo Bilbao La Vieja Díaz, entre otros, es imprescindible no dejar de proveer medicina y alimento a esta paciente y evitar a cualquier precio su deceso.

Su historial clínico revela que la paciente Libertad de Expresión viene de otros ataques endémicos de la región y ha sobrevivido a pesar de todo. Hagamos votos porque no sea el Covid-19 el que de cuenta de ella ahora.

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