COVID-19, seguridad alimentaria y transgénicos: contradicciones del régimen transitorio

Canasta con vegetales plásticos. Foto: NOS24.

La preocupación por el origen de los alimentos ha ganado un espacio privilegiado en los anaqueles de los centros de abasto del planeta, desde los de expendio masivo hasta los de detalle o por menor, que se dotan de productos que cuenten con sellos que certifiquen la calidad de los mismos. Uno de esos sellos es el que certifica que los productos estén libres de organismos genéticamente modificados (ODM), es decir, de transgénicos.

Tal nominación normalmente hace que el producto sea menos competitivo en los centros de expendio, al tener precios regularmente más caros que los de la misma especie que han sido producidos con transgénicos debido a que, por un lado, los costos de producción en transgénicos se reportan ligeramente inferiores y, por otro, los centros de abasto especulan con la oferta por la fuerte demanda de productos orgánicos.

Paradójicamente, la demanda de productos orgánicos se ha venido incrementado a pesar de la diferencia de precios.

Bolivia orgánica

En Bolivia la situación es compleja.

Por un lado, existe una especie de orgullo nacional vinculado a la calidad de los productos producidos en el territorio, debido a sus supuestas propiedades orgánicas, libres de modificaciones genéticas y producidos bajo métodos que combinan la tradición agrícola milenaria de los pueblos originarios con la buena calidad de la alimentación.

Esto es enriquecido por la existencia en Bolivia de aproximadamente 5000 tipos papa, 3 variedades de quinua, isañu, oca, cañahua o maíz, entre muchas otras variedades diversas de legumbres, frutas, tubérculos, raíces, semillas, nueces y hojas -como la controvertida pero milenaria hoja de coca, cuyas propiedades han sido ocasión de sendos trabajos, tal como lo reflejaba el famoso estudio de la Universidad de Harvard en los años ‘70 reproducido en el periódico New York Times.  

Sin embargo, el mercado alimenticio interno se ve invadido por alimentos elaborados en base a productos transgénicos en diversas presentaciones, desde salsa de tomate hasta helados, lo que pone en perspectiva la necesidad de aumentar las alertas sobre la producción de transgénicos a nivel interno, tal como se estila en el caso de algunos de nuestros vecinos agro-exportadores (como, por ejemplo, el Perú a través de su Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI).  

La invasiva cultura transgénica nos acecha desde muchos flancos y los riesgos para la salud asociados a ella parecen cobrar cada día mas severidad. La producción transgénica se ha visto empañada por estar asociada especialmente a la enfermedad del cáncer, las deformaciones genéticas en embarazos, la obesidad, la diabetes, la hipertensión y los problemas coronarios del corazón, por nombrar sólo algunas de las complicaciones sanitarias que acarrea.

La producción transgénica ha sido cuestionada en todo el mundo y es materia de demandas de todo tipo. Una famosa sentencia judicial fue emitida hace poco más de un año -en marzo de 2019- y da cuenta de la relación directa que existe entre el glifosato y el linfoma no hodgkiniano.

Así también, otra forma de producción transgénica muy popular en el mundo es la  vinculada al cambio de la matriz energética, de combustibles fósiles al biodiesel.

Aunque los expertos han criticado el biodiesel producido a partir de soja genéticamente modificada, porque tiende a ampliar la frontera agrícola, sus efectos son distintos a los de los alimentos transgénicos que se expenden en los centros de abasto y, por tanto, se pueden controlar bajo políticas públicas rigurosas de producción y poniendo límites racionales que eviten la distorsión de su objetivo principal.

La crisis civilizatoria y los transgénicos

Actualmente, el mundo está atravesando por varias crisis paralelas: la crisis sanitaria se alza en medio de las crisis climática y medioambiental, financiera, económica, alimentaria, energética y humanitaria; teniendo todas en común el haber desnudado su peor cara frente a la pandemia mundial del Covid-19.

La pandemia viral acecha al globo mientras éste se encuentra batallando con sus propias contradicciones y los transgénicos de soja, maíz, canola y algodón no hacen más que agravar estas crisis.

En América Latina el uso de los agroquímicos -como el glifosato– se han incrementado exponencialmente, lo que ya ha generado un impacto ambiental en la desertificación de suelos -que van perdiendo su potencial de producción-, en la ampliación de la frontera agrícola y en los problemas sanitarios derivados de su uso.

Esta carrera por la agroquímica vinculada al glifosato se da en contra marcha pues el mundo está dando un paso atrás, con al menos 20 países que ya han prohibido su uso en Europa, Asia, Oriente Medio, África y América Central y Caribe.  

En medio de estas advertencia, en Bolivia la receta de los transgénicos salta a la escena en la peor crisis sanitaria del mundo moderno, provocada por la pandemia del Covid-19 y la hoja de ruta se reproduce ya no solamente en el cultivo de soja para biocombustibles, sino para la producción de los alimentos más importantes de la canasta familiar boliviana, como el maíz, la soja y la caña de azúcar –incluyéndose además el algodón.

Esta política pública de largo aliento –adoptada por un gobierno interino cuya única tarea debiera ser llamar a elecciones– es introducida allanándose a una alegada corriente mundial en la que supuestamente una oleada irrefrenable de países se decantan por la vía transgénica, obligándonos como mercado a adoptar tales medidas a riesgo de perder vigencia y competitividad como país libre de transgénicos.

Así lo señalan diversas autoridades gubernamentales consultadas sobre la implementación del controvertido Decreto Supremo 4232, de 7 de mayo de 2020, que tiene por objetivo autorizar al “Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soja, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa”.

No obstante, esta pretendida corriente mundial a la que el gobierno transitorio boliviano intenta subirse inesperadamente, a cuenta de mejorar la “economía” vía mejores rendimientos y menor uso de pesticidas, no es tal.

Al respecto, el Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agro-Biotecnológicas (ISAAA, por sus siglas en inglés), una organización internacional sin fines de lucro, identifica que de 194 países inscritos en el catálogo de países miembros de la Organización de las Naciones Unidas – ONU, sólo  26 países incluyen cultivos biotecnológicos y de estos solo 5 países ocupan el 91% del suelo usado para plantaciones genéticamente modificadas: EEUU, Canadá, Brasil, Argentina, e India.

Esto demuestra que, más que una corriente global, se trata de una apuesta de ciertas economías que adoptan modelos de desarrollo perversos para el medio ambiente, como lo ha demostrado ISAAA:

*18 países con mega-plantaciones de biotecnología, 50.000 hectáreas o más de cultivos.
Fuente: ISAAA, 2018.

En añadidura, al parecer los cultivos genéticamente modificados, cuya promesa económica fría era la de mejorar las cosechas y reducir los costos en agroquímicos, no han permitido verificar en la práctica su capacidad de reducir el uso de pesticidas químicos, ni han ayudado a mejorar las cosechas de manera sustancial, por lo que tampoco se han convertido en la panacea para combatir el hambre del mundo, justificativo “moral” que a menudo usan las transnacionales que lucran en el mercado de las biotecnologías.            

Oposición social y política al DS 4232

El Decreto Ley 4232 que instruye la confección de procedimientos abreviados para la producción de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya en todos sus eventos, para consumo interno y exportación ha sido objeto de una serie de críticas desde varios sectores, coincidentes en señalar, por un lado, que la Constitución Política del Estado (CPE) establece un régimen adverso a este tipo de prácticas y, por otro, que una política de esta envergadura mínimamente debe responder a un pacto nacional, político y social, que exprese sus preocupaciones, protegiendo la salud alimentaria del individuo en oposición a los rendimientos económicos de las empresas.

Incluso actores del ala política conservadora del país, como el candidato a la presidencia Carlos D. Mesa, han coincidido en señalar que “no es aceptable que un gobierno transitorio tome decisiones sobre un tema ambiental de alta complejidad política y sensibilidad social que tendrá consecuencias de mediano y largo plazo”, a pesar de que durante su corto mandato como presidente “aprobó la producción y comercialización de soja transgénica resistente al herbicida glifosato” –esto último también tuvo en su momento una fuerte oposición de organizaciones de diversa índole.

No obstante, el candidato Mesa, a diferencia de la presidenta interina, Jeanine Añez, sí había sido elegido vicepresidente mediante el voto y su mandato contaba con un respaldo legal más solvente.

Así también, el ex ministro de Economía y candidato presidencial, Luis Arce, a través de su cuenta de Twitter, advirtió “ante la comunidad internacional, que la pandemia está siendo utilizada como excusa para atentar contra la soberanía alimentaria y la salud del pueblo”, señalando que se utilizaran todas las vías legales para derogar e impedir la aplicación del controvertido Decreto Ley 4232.

De confirmarse la abreviación de los procesos de evaluación e ingresar los nuevos productos oficialmente al catálogo transgénico, Bolivia, de acuerdo a los datos del ISAAA, podría catapultarse abruptamente al ranking de los 5 productores transgénicos más grandes del mundo, en la relación población/área cultivada.

Dicha lista hasta el momento es integrada únicamente por Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina e India.

Países que optan por la opción libre de transgénicos

Los países que tratan de alejarse de la producción transgénica sufren fuertes presiones de parte de corporaciones y organizaciones transnacionales que están a favor de su uso y la experiencia da cuenta de que mientras menor es el desarrollo de una economía más fuertes son los lobbys pro-transgénicos que operan para flexibilizar las políticas públicas en este ámbito.

El caso más relevante es el de los países africanos que se niegan a introducir semillas cuyo genoma está siendo alterado. Sin embargo, en muchos países de este continente, poco a poco, se están levantando las prohibiciones bajo diversas razones.

Contrariamente, Perú -un productor y exportador de variedades similares a las que se desarrollan en suelos bolivianos- es un país que rechaza tajantemente la producción de transgénicos y, sin embargo, es uno de los principales agroexportadores del mundo. Sin ir muy lejos, hace poco Perú le ha arrebatado el título a Bolivia en la exportación de quinua, como emergencia del boom internacional de este grano -rico en todo sentido.

Su brazo operativo, INDECOPI, es un celoso vigilante de esta moratoria, aplicando sanciones a los productos que pudieran contener transgénicos de alguna forma en su producción, multando a trasnacionales globales de alimentos por sus omisiones tales como Snickers y M&M, entre otras, y sin dejarse presionar por los lobbys que operan en Lima.

A los efectos del Decreto Supremo 4232, Perú viene siendo un incómodo ejemplo pues, como instruye la norma en su Disposición Adicional Segunda, a la brevedad posible se debe “tomar en cuenta las acciones y medidas adoptadas por los países vecinos, referentes a los productos agrícolas y alimenticios producidos por técnicas de ingeniería genética”, teniendo los ministerios de Medio Ambiente y Agua y de Desarrollo Rural y Tierras “tomar conocimiento de las prácticas de los países vecinos” y hacer las “evaluaciones correspondientes”.

Tal parece que el caso peruano deberá ser obviado por la comisión si desea confirmar su hipótesis.  

Seguridad y Soberanía Alimentaria

El hambre ya era una crisis que estaba presente de forma asoladora en el mundo y no era menos dramático su paso por Latinoamérica.

De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 42,5 millones de personas en Latinoamérica padecen hambre, lo que representa un 6.5% de la población regional, estadística que no hará más que empeorar en el periodo que dure la pandemia del Covid-19 y la crisis subsecuente.

Esta situación pone de manifiesto la ineludible obligación de los Estados para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de su población, que en el caso de las soluciones vía transgénicos incrementa el riesgo en sentido opuesto, toda vez que la muestra empírica de los cultivos transgénicos revela resultados contradictorios a la premisa que los identifica como herramienta útil para combatir el hambre y, muy al contrario, los señala por sus efectos adversos en muchos niveles.

El patrimonio agrícola de Bolivia está conformado por una diversidad reconocida internacionalmente de cereales como trigo, Quinua Real (aunque no es un cereal se lo procesa como uno), amaranto, frutas provenientes de todos los suelos ecológicos del territorio nacional, tubérculos como la papa, oca o isañu, hortalizas, nueces y semillas, que necesitan ser priorizadas para poder atacar con productos nativos la crisis alimentaria que acecha en medio de la pandemia del Covid-19.

Es muy peligroso para la soberanía alimentaria convertirnos en un país importador de alimentos, deprimiendo las especies nativas al sustituirlas por productos extranjeros genéticamente modificados, que no fomentan la producción ni al productor nacional sino que más bien promueven la migración campo-ciudad.

El régimen legal boliviano tiende a la eliminación gradual de transgénicos

Poner en riesgo la soberanía alimentaria de un país en un momento de crisis como el que enfrenta el mundo, a título de incrementar la producción nacional, siendo que las experiencias internacionales indican lo contrario, es una improvisación que podría tener efectos catastróficos en la población, actualmente protegida por un marco jurídico que garantiza el derecho fundamentalísimo a la seguridad y dignidad alimentaria.

Las previsiones de la CPE, de forma categórica, consagran entre los derechos fundamentales del individuo “la seguridad alimentaria, a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población” (Art. 16), concordante con la disposición constitucional que establece que la producción, importación y comercialización de transgénicos tiene que ser “regulada por ley” (Art. 409).  

Asimismo, la Ley 300, entre otras normas, establece las bases de un desarrollo integral en la agricultura y ganadería, señalando la obligación del Estado de desarrollar acciones que promuevan la eliminación gradual de cultivos de OGMs autorizados en el país.

Como se observa, en Bolivia existe un cuerpo constitucional y legal que dispone, de manera robusta, las formas para verificar la necesidad de la introducción de cultivos transgénicos y su paulatina eliminación, en absoluta contradicción con la disposición única del Decreto Ley 4232, que bajo argumentos fácilmente rebatibles y amparándose en el actual régimen de emergencia sanitaria -confundida con un Estado de Sitio- pretende introducir 5 productos genéticamente modificados en todos sus eventos y bajo todas sus formas de aparición para el consumo interno.

Las consideraciones anteriores cobran mayor relevancia en el marco de las recomendaciones hechas por la FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola – FIDA, el Banco Mundial y el Programa Mundial de Alimentos, con motivo de la reunión extraordinaria de Ministros de Agricultura del G20, a través de la “Declaración conjunta sobre el impacto del COVID-19 en la seguridad alimentaria y la nutrición”, de 21 de abril de este año, que señaló que “la agricultura y sus servicios de logística correspondientes a los alimentos deben considerarse esenciales” por tanto, se debe “garantizar el buen funcionamiento de las cadenas de valor alimentarias y promover la producción y disponibilidad de alimentos diversificados, inocuos y nutritivos para toda la población”.

Esto va a contrapelo de la política adoptada por el gobierno interino para supuestamente “proteger” la soberanía alimentaria del país mediante el Decreto Ley 4232.

Mucho peor si se toma en cuenta que, a tiempo de pretender introducir nada menos que 5 productos genéticamente modificados, en fecha 8 de abril de 2020, mediante Decreto Ley 4211, la presidenta interina Jeanine Añez aprobó la importación de trigo con arancel cero por el plazo de 2 años, bajo el argumento que “es necesario asumir acciones a fin de precautelar la salud y garantizar la seguridad alimentaria para la población”. Esto libera el trigo importado, principalmente desde la Argentina, en todas sus partidas y subpartidas.

Un decreto ilegítimo de abreviación de procedimientos transgénicos

Bajo los extremos mencionados previamente, se hace visible que el apuro de un gobierno, cuya naturaleza es -o al menos era en esencia y constitucionalmente- la transitoriedad, está comprometiendo inoficiosa e injustificadamente la soberanía alimentaria del país.

Esto lo hace no solo liberando gratuitamente la internación de trigo extranjero en el país por 2 años, sino poniendo en riesgo al resto de la producción a través de cultivos transgénicos, comprometiendo la salud de los consumidores, contradiciendo la arquitectura legal del país, eliminando la ventaja competitiva de productos tradicionales orgánicos, como el maíz o el trigo, y añadiendo nuevos eventos que no solo postergaran su desarrollo local sino que lo deprimirán definitivamente.

Teniendo en cuenta que el partido de la actual presidenta interina (Bolivia Dijo No 21F ex Unidad Demócrata) no supera el 4% de votos a nivel nacional y que, consecuentemente, carece del debido respaldo de un mandato popular y legal, se han producido voces de todo tipo en el foro económico, político, social, empresarial, diplomático, epidemiológico, legal, financiero y ambiental, que lo consideran un exceso, llamando a la derogación inmediata de la controvertida norma.

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