Director de Human Rights Watch Jose Vivanco dice que presidenta interina Jeanine Añez “pisotea” la libertad de expresión

Foto: Alliance/AP.

El director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, se refirió este lunes al Decreto Supremo 4231, de 7 de mayo, mediante el que la presidenta interina, Jeanine Añez, modificó el Art. 13(II) del Decreto Supremo 4200, de 25 de marzo de 2020, que creó los tipos penales abiertos de “desinformación” y “generación de incertidumbre”.

Vivanco señaló que el DS 4231 “prevé cárcel para quien escriba o difunda un comentario o un trabajo artístico que “genere incertidumbre” sobre temas de salud.” En ese sentido, el director de Human Rights Watch, una organización de derechos humanos no gubernamental y sin fines de lucro, señaló que “Eso es usar el covid19 para pisotear la libertad de expresión de los bolivianos.”

El DS 4231 establece que serán pasibles a denuncias penales las personas que “difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento” y que el gobierno interino considere que se pone en riesgo o se afecta a “la salud pública, generando incertidumbre en la población”.

Disposición Final Única del Decreto Supremo Nº 2431, de 7 de mayo de 2020, que modifica y endurece el Artículo 13(II) del Decreto Supremo Nº 4200, de 25 de marzo de 2020. Foto: NOS24.

Esta es la segunda vez que esta ONG de defensa de los derechos humanos se refiere a la forma en que el gobierno interino está usando la pandemia del Covid-19 para limitar la libertad de expresión de los bolivianos, particularmente, de sus oponentes políticos.

El pasado 7 de abril, Vivanco señaló que en Bolivia había un grave retroceso en libertad de expresión ya que, con el pretexto de combatir el Covid-19, se amenazaba con 10 años de cárcel al que publique información que el gobierno interino de Añez “considere errónea”.

A pesar de estas alertas sobre vulneraciones al derecho a la libertad de expresión, que dan lugar a otras vulneraciones a los derechos fundamentales de las personas -como la libertad personal, la integridad y el debido proceso-, así como de advertencias de los más altos organismos internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la CIDH o la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el gobierno interino ha hecho prácticamente caso omiso y más bien ha endurecido las medidas.

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