La desinformación no se combate con censura

Sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos.

Derogación de los decretos de censura

En las últimas semanas, Bolivia ha librado una de las batallas tácticas más complejas por la salud de la democracia: la derogación de los cuestionados Decretos Ley 4199, 4200, y 4231, que suprimían la libertad expresión, creaban peligrosos delitos penales abiertos, condenaban la militancia en un partido e incluso pretendían censurar las obras artísticas.

Con la promulgación del Decreto Ley 4236, estos han sido derogados en sus controvertidas disposiciones. Así el pueblo boliviano ha marcado un estándar mínimo de protección del derecho a la información en la crisis sanitaria y democrática que atraviesa.   

La esperada norma de derogación se alza en medio de un raudal de críticas que empañan las políticas públicas decretadas por el régimen interino boliviano, calificadas por el prestigioso periódico estadounidense Washington Post, en la editorial escrita por Kenneth Roth -director ejecutivo de Human Rights Watch- como el uso de “la crisis (sanitaria) como pretexto, (para) arrestar a sus críticos, intensificando la vigilancia y tomando amplios poderes de emergencia”.

En la misma editorial, Roth advertía que el respeto a los derechos humanos es la única forma de enfrentar la pandemia, mientras que censurar la libertad de expresión o invadir la intimidad, ampliar los poderes imperiales del Estado o sus mandatos, a costa de los derechos de las personas, genera efectos opuestos.

Como señaló Albert Camus en su novela La Peste, las peores epidemias no son biológicas sino los espejismos del bien común que son utilizados para encubrir atropellos contra la dignidad de los individuos. 

Detractores oficiales del derecho a la libertad de expresión

Durante la vigencia de los infames Decretos Ley se vieron diversas reacciones en el foro nacional e internacional, que se dividieron entre los que apoyaban la política pública de censura y criminalización y los que la condenaban. 

En el primer grupo están los representantes oficiales del gobierno en el exterior y en Bolivia, quienes coincidían en que se debía retirar la confianza de nuestro país a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como si tal cosa fuera así de sencilla, mostrando un supuesto repudio nacional ante la celosa vigilancia de los derechos de libre expresión y protesta política por parte de este organismo internacional.

Por ejemplo, en su artículo La mancuerna MAS-CIDH, el opinólogo de Página Siete y actual Encargado de Negocios a.i. de Bolivia ante el gobierno colombiano, Alfonso Gumucio Dagron, consecuente con su visión de país pequeño-burguesa y armado de un espíritu colonial cortoplacista, hace pocos días arremetió en contra del secretario general de la CIDH, Paulo Abrao, descalificándolo por su trabajo de amparo a las víctimas de atropellos de derechos humanos. En su descabellado artículo, Gumucio lanzó bajas acusaciones en contra de Abrao llegando a sostener incluso que “ha trabajado en mancuerna con funcionarios del MAS”, llamando a que “los países miembros de la OEA retiren su confianza al ambicioso Abrão, por haber parcializado a la CIDH contra Bolivia”.

Esto no debiera llamar la atención, proviniendo de quien en un artículo titulado “¿Ciudad maravillosa?” tildó de “embeleco” la nominación de La Paz a esa categoría y se extrañó que en la misma no hubiesen ciudades europeas o estadounidenses que, según Gumucio, serían más dignas del título: “Es absurdo -se quejó amargamente- que entre las “maravillosas” finalistas no esté Praga, París, Roma, Florencia, Venecia, San Petersburgo, Moscú, Viena, San Francisco y tantas otras, y que, en cambio, aparezcan Reikiavik, Doha, Perth, Vigan o La Paz, que son de tercera categoría“.

Por su parte, el jefe de la misión permanente de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Jaime Aparicio, en una entrevista para Brújula Digital publicada por Página Siete, sostuvo que el Informe sobre Bolivia 2019 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, en el que se advertía, entre otros, la “falta de garantía y seguridad para el trabajo de periodistas, comunicadores populares y medios de comunicación”, carecía de “prolijidad” y esperaba que en “el futuro se dejen de lado orientaciones ideológicas y la CIDH actúe con imparcialidad y certeza jurídica”.

La postura completa de la misión permanente de Bolivia ante la OEA se puede leer en el documento enviado por esa instancia diplomática a la CIDH, publicado en la página oficial de Facebook de la Procuraduría General del Estado:

Réplica del Estado Plurinacional de #Bolivia, efectuado por la Misión de @BoliviaOEA, sobre el Informe ideologizado y…

Gepostet von Procuraduría General del Estado – Bolivia am Donnerstag, 16. April 2020

Finalmente, está la posición de la Procuraduría General del Estado, que en un Comunicado a la Opinión Pública tildó a la CIDH de ser una “simple caja de resonancia” de la fundación internacional de defensa de los derechos humanos, Human Rights Watch, por haber llamado la atención al gobierno interino sobre el Art. 13(II) del Decreto Supremo 4200, que limitaba el derecho a la información y a la libertad de expresión.

La Procuraduría, en su Comunicado, concluyó errónea y vergonzosamente que este artículo era “plenamente compatible con los principios, valores y normas del Estado Constitucional de Derecho, así como con los estándares de convencionalidad contenidos en el Pacto de San José de Costa Rica y demás convenios internacionales en materia de Derechos Humanos”. Ni la OEA ni Naciones Unidas estuvieron de acuerdo con el absurdo criterio.

Como era de esperarse, tales embates contra las instituciones de defensa de derechos humanos languidecieron en soledad y a las críticas formuladas por la Relatoría se le sumaron la Cámara de Diputados de Estados Unidos, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Human Rights Watch, la sociedad civil organizada, las organizaciones sociales de base, el Defensor del Pueblo de Bolivia, entre muchos otros.

Marcha atrás

Frente a la presión, el gobierno interino de Bolivia no tuvo más opción que decretar la derogación de tales normas, asumiendo por defecto los cargos de censura que pesaban en su contra, dejando al descubierto no solo las avezadas opiniones de los representantes oficiales del gobierno interino boliviano, sino también el complejo análisis emitido por la Procuraduría que, en una suerte de alquimia jurídica, trataba de explicar que las controvertidas normas si bien constituían una falta a los compromisos internacionales de Bolivia, todo era por nuestro bien.

Sin duda, el pueblo boliviano ha ganado esta batalla que no es más que una entre otras que habrá que sortear.

La lección es permanecer en guardia ante otras manifestaciones de censura o vulneraciones a nuestros derechos humanos “por nuestro bien” en el futuro. No obstante, como exige Human Rights Watch, aún resta levantar los cargos en la fiscalía contra los detenidos por los mentados “ciberpatrullajes”, reparar los daños (si aún es posible), ofrecer satisfacciones públicas en contra los perseguidos y presentar políticas de promoción de la libertad de expresión condenando la censura y autocensura.

La desinformación y las informaciones falsas se combaten, no con censura, sino con más y mejor información.

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