Conservadurismo mediático: el miedo a la protesta social y el pretendido derecho a matar de las Fuerzas Armadas

Caricatura: Ruiz Healy Times.

En el mundo, existen dos derechos fundamentales de los seres humanos que se protegen por encima de cualquier otro y que han sido históricamente vulnerados por los Estados en diversas circunstancias, incluyendo guerras, conflictos armados, genocidios, dictaduras e incluso en regímenes democráticos. Estos derechos fundamentales son el derecho a la vida y el derecho a la libertad.

Respecto al derecho a la vida, este es considerado un derecho absoluto. La Constitución Política del Estado (CPE) establece que “Toda persona tiene derecho a la vida” y prohíbe la pena de muerte. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) reconoce que “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida” y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Pacto) dice que “El derecho a la vida es inherente a la persona humana”.

Por su parte, bajo la CPE “la libertad de la persona” es inviolable (o, al menos, debiera serlo). La Constitución dispone que la “libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley”. LA CADH y el Pacto disponen que nadie puede ser privado de su libertad, “salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas… o por las leyes dictadas conforme a ellas” y “salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”, respectivamente.

Esto quiere decir que el estándar –o criterio legal–, tanto nacional como internacional, para poder privar a una persona de su libertad, es que se lo haga bajo el principio de legalidad. En términos sencillos, ello significa que cualquier limitación o restricción de derechos que pretenda realizar el Estado, debe estar establecido en una Ley –emanada del Órgano Legislativo– de forma “expresa, precisa, taxativa y previa” (por seguridad lea una vez más estas cuatro condiciones).

Así lo reconocen la CPE, la CADH, el Pacto, las sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los organismos de defensa de los derechos humanos y cientos de volúmenes de publicaciones de escolares que estudian, analizan y tratan el tema.

En el mundo no hay controversia alguna sobre esto.

Sin embargo, a los propietarios y directivos de algunos medios de comunicación en Bolivia, como El Deber y Página Siete, se les estremece el cuerpo, se les pone “la piel de gallina”, cuando el respeto de estos derechos amenaza con proteger y garantizar la protesta social chola, obrera e indígena originaria campesina.

Repudio al principio de legalidad

Recientemente, estos dos medios de comunicación que, sin necesidad de coordinación previa actúan como un tándem perfecto, emitieron sendas publicaciones criticando la aprobación de un proyecto de Ley del Senado, que pretende limitar legalmente la posibilidad del Órgano Ejecutivo de declarar el estado de excepción, en observancia de la CPE que dispone que tal declaratoria no puede “suspender las garantías de los derechos, ni los derechos fundamentales” de las personas, siendo la mejor manera de hacerlo garantizando dichos derechos bajo el principio de legalidad.

Tándem: titulares de El Deber y Página Siete, que reflejaron de manera similar la noticia sobre “ciberpatrullaje” y el apresamiento de una persona, sin cuestionar la legalidad o la vulneración de sus derechos. Foto de archivo.

El Deber, criminalizando una vez más a la organización política Movimiento al Socialismo (MAS), publicó una nota editorial titulada “El MAS conspirador y una grave amenaza contra la paz”. Por su parte, Página Siete, fiel a su estilo de guardar las formas, publicó una noticia titulada “MAS aprueba proyecto de ley que ata de manos a FFAA y la Policía

En ambas publicaciones, estos medios de comunicación –El Deber directamente y Página Siete a través de opiniones de “juristas expertos”– se quejaron en similares términos del proyecto de norma.

Respecto a las circunstancias bajo las que se puede declarar un estado de excepción, El Deber se quejó amargamente, señalando que “esas circunstancias son lejanas y hasta imposibles en este tiempo de la historia” mientras que Página Siete, a través de un “abogado constitucionalista”, se lamentó que la norma “Astutamente no mencionan como peligro interno a los grupos irregulares, terroristas, que se pueden formar al interior del país, que es como opera el MAS”.

Sobre la posibilidad del uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, El Deber suspiró porque “a los efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que actúen dentro de un estado de excepción los responsabiliza administrativa, civil y penalmente”, mientras que, por su lado, Página Siete señaló como una de las amarras que “ata de manos a las FFAA y la Policía”, el hecho que bajo el proyecto de Ley “los servidores públicos, civiles, militares y policiales serán responsables de los actos que emitan de las órdenes que impartan y las acciones que realicen en ejecución del estado de excepción”.

Finalmente, ambos medios de comunicación también renegaron sobre la posibilidad que los movimientos sociales ejerzan libremente su derecho a la protesta, sin ser brutalmente reprimidos por las Fuerzas Armadas o la Policía, o por ambas, como en las temidas “operaciones conjuntas” que tanto dolor y luto han sembrado en el país.

El Deber señaló que se trata de un proyecto de Ley hecho “a la medida de los movimientos sociales masistas para que estos puedan conspirar libremente contra la democracia y no haya instrumento legal ni de fuerza que los detenga” y Página Siete indicó que dicho proyecto “buscaría deslindar de sanciones penales a quienes generen convulsión en el país”. Vaya “democracia” la que defienden estos dos medios de comunicación.

Como si la historia de masacres por parte de las élites criollas, utilizando el aparato represivo del Estado (Fuerzas Armadas) contra movimientos sociales y obreros en nuestro país no fuera suficiente, El Deber y Página Siete sostienen que la regla debiera ser la “zanahoria” para el que reprime al pueblo y el “palo” para el pueblo que reclama y es reprimido.

Los principios calzados al revés

La crítica al proyecto de Ley para regular la declaratoria del estado de excepción está en línea con el silencio que ambos medios de comunicación guardaron sobre la emisión del Decreto Supremo 4078, de 14 de noviembre de 2019, cuyo artículo 3 establecía que “El personal de las FF.AA., que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal…” y de los decretos supremos 4200, de 25 de marzo, y 4231, de 7 de mayo, que disponían que quienes “difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento… serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal.”

Estas normas ejecutivas tuvieron como resultado las muertes en las masacres de Sacaba y Senkata y el apresamiento ilegal de más de 60 “actores políticos” por el inexistente delito de “desinformación”.

Está claro que la regla del gobierno transitorio, anclada en bagaje cultural colonial elitista racista de larga data, es la impunidad para el que mata en defensa de los intereses de las clases dominantes y cárcel para el que reclama en favor de las clases subalternas. Pero, más allá de eso, lo tristemente notable es que ambas normas –a diferencia lo que pretende hacer la Asamblea Legislativa con el proyecto de Ley aprobado– vulneraron abiertamente el principio de legalidad al imponer limitaciones y restricciones a los derechos humanos a la vida y la libertad personal sin la existencia de una Ley expresa, precisa, taxativa y previa, y, lo que es peor, en contra de las que habían.

Aquellas son nimiedades formales para los medios en cuestión. Para quienes dirigen El Deber y Página Siete no hay nada malo en esa forma de actuar del Estado elitista. El peligro está en que el respeto a la Constitución, el control de convencionalidad y el acatamiento del principio de legalidad puedan permitir que las fuerzas sociales cholas, obreras e indígena originaria campesinas aspiren –una vez más– al poder, atrevimiento que debe ser desalentado “por las buenas” desde todos los ámbitos (particularmente, el de la comunicación masiva) o, de no ser posible aquello, reprimido por la fuerza.

Justificando el pretendido derecho a matar de las Fuerzas Armadas

En su “odio a la democracia”, que Rancière describe como el miedo que sienten las élites a que gobiernen aquellos despojados de todo “título”, aquellos que asumen el poder por un simple conteo de votos y no por su origen y linaje, los medios de comunicación de propiedad de las élites criollas son capaces de observar virtudes allí donde no existen o, incluso, de justificar un pretendido derecho de las Fuerzas Armadas a reprimir y a matar.

El miedo al actuar de los movimientos sociales que, a través de la protesta pacífica y sostenida, reponga a los sectores populares (obreros, cholos, campesinos, indígenas u originarios) en el poder, en reemplazo de unas alegadas “élites cultas” –que son más bien burdas, represoras y antipatriotas, como lo habíamos olvidado en los últimos 14 años– hace que los medios de comunicación de propiedad de aquellas, pasen por alto la transgresión a cuestiones fundamentales en una democracia, como el respeto a los derechos humanos, a la libertad de expresión e información, al debido proceso o al principio de legalidad, entre otros.

Ese miedo hace que estos medios de comunicación se olviden del único propósito para el cual el gobierno transitorio está en el poder: convocar a elecciones; que soslayen la legitimidad democrática -solamente detentada hoy por la Asamblea Legislativa- y den preeminencia al discurso de represión por parte de agentes de Estado; que condenen lo moral y éticamente correcto; y que justifiquen, si es necesario, el inexistente derecho a matar en impunidad de las Fuerzas Armadas.

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