¿Hubo o no hubo fraude en Bolivia? La manipulación de la información como proyecto desestabilizador

Con los años, la prensa, los opinadores y los “especialistas” en asuntos electorales, han reducido el espectro del fraude a la simple narrativa de un esquema unilateral simple, que involucra la idea activa de una persona o grupo de personas alterando las papeletas electorales, sustituyendo votos directamente en las urnas o cambiando las actas de inscripción, o tal vez, un sistema mixto o análogo, de manera tal que se pudiera modificar de forma sustancial el resultado real del balotaje. En tal sentido, hemos construido un ideario sobre la naturaleza del fraude electoral, que se hace limitado ante el universo de formas y técnicas bajo las que es posible calificar unas elecciones de fraudulentas y separar la paja del trigo, por ponerlo de algún modo.

Es decir, tener conciencia de la verdad y separarla de argumentos creados artificialmente para suplantar una situación real.

La tesis entre líneas del libro llamado “Mindf*ck: Cambridge Analytica. La trama para desestabilizar el mundo” apunta a ello. Escrito por Christopher Wylie, uno de los protagonistas del documental de Netflix “Nada es privado” (The Great Hack), que expone lo ocurrido en Estados Unidos para la Elección de Trump (2016), en Inglaterra para el referéndum denominado Brexit (2016) y en Trinidad y Tobago para sus Elecciones Generales (2010).

Este libro nos narra lo ocurrido en el precitado país caribeño, en el que la empresa Cambridge Analitica, a través de su filial Strategic Communication Laboratories SCL, logró reducir la participación en las elecciones generales de los jóvenes afrocaribeños en un 40%, “incentivando” la abstención al voto de los partidarios jóvenes del Movimiento Nacional Popular bajo el lema “Do so” (sólo hazlo) promoviendo una campaña de resistencia en contra de los políticos y el voto, lo que dio una ventaja a los Indiocaribeños por un 6%, llevando a la presidencia a Kamla Persad-Bissessar, quien participaba en coalición con otras fuerzas minoritarias en la pequeña isla caribeña de 1,3 MIllones de habitantes.

Explica Wylie en su libro que la estrategia se centró en fomentar la tensión entre las distintas culturas: “había allí una población afrocaribeña, otra indocaribeña, y unos cuantos blancos, lo que hacía que hubiera una tensión cultural interesante de explorar”, describiéndolo como un fascinante experimento a escala. En Bolivia ocurrió algo similar el año 2002.

2002: La crisis es nuestra marca

Siguiendo el documental producido por la BBC, HBO y otros, “La crisis es nuestra marca” (Our brand is crisis) claramente se tiene evidencia que fomentar las tensiones, a través de vender una imagen distorsionada de la realidad, no es un método nuevo para las compañías de asesoramiento político.

El ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni), quien se encontraba rezagado en las encuestas para las elecciones de ese año, a través de una agresiva campaña en contra de Manfred Reyes Villa, ex militar y principal oponente política en dicha contienda electoral, agravó los cuestionamientos sobre la riqueza de este y construyó un guión a través de propuestas emergentes de grupos focales –que, dicho sea de paso, no podría cumplir durante la gestión–, logrando posesionarse con el 22.46% de los votos y deprimiendo la preferencia electoral de su rival, que terminaría en tercer lugar, con un 20.91% de los votos.

Esto, sin embargo, dio pie para la aparición de un nuevo liderazgo popular, indígena campesino y de izquierda a nivel nacional, a la cabeza del ex presidente Evo Morales, que terminaría en segundo lugar con el 20.94% de los votos, de acuerdo al cómputo oficial. En estas elecciones, Morales, líder del Movimiento al Socialismo (MAS), desafiando los resultados “previstos” por las encuestadoras, terminó distando casi 1,5 puntos de la opción más votada.

Esto supuso un error de aproximadamente el 15% respecto de las encuestas, es decir, en términos de la Secretaría General de la OEA, un verdadero cambio “inexplicable de tendencia”, o en buen romance, como señalan otros entendidos de la materia, una abierta invisibilización que permitió jugar con el 1,5% que se necesitaba para apropiarse de la elección del año 2002, restando expectativa en los simpatizantes del MAS, como se comprobaría en las elecciones del año 2005 en las que obtuvo más del 50% de la preferencia electoral.

La consultora estadounidense responsable de estos giros fue Greenberg Carville Shrum (GCS).

GCS logró estructurar una propuesta –de la que participó el actual candidato a la presidencia Carlos Mesa Gisbert, quien el día de hoy plantea coincidentemente la tesis de la “triple crisis”– en base a los resultados de los grupos focales que se tenían montados en todo el país, en la que proponían la creación de empleos, la industrialización de los recursos naturales y la lucha contra la corrupción, construyendo la imagen presidencial de Goni en base a la demanda de los “clientes”.

Esta práctica no era nueva ni ajena a los asesores estadounidenses, quienes ya conocían el trabajo del periodista Joe McGinniss publicado en su libro La venta del presidente (1968) (The Selling of the President) libro que describe una de las campañas políticas más controversiales de Estados Unidos, que llevó a la Casa Blanca a Richard Nixon en 1969 y que redujo la campaña presidencial a una mera oferta comercial en base a la venta de una imagen.

Aunque en distintas circunstancias, Goni, al igual que Nixon, terminó renunciando meses después de haber sido elegido, quedando al descubierto la falta de legitimidad de la propuesta creada por GCS ante problemas que superaron el poder de negociación de su gobierno frente a demandas sociales, políticas y económicas crecientes y promesas incumplidas.

La crisis política de representación que demandaba una Asamblea Constituyente, la sensibilidad de la exportación de gas por puertos chilenos, la nacionalización de los recursos naturales enajenados en la “capitalización” a la que se denominó Agenda de Octubre, marcó la necesidad de un liderazgo real en Bolivia para llenar el gran vacío que había que superar. Mientras Goni continúa radicando en los Estados Unidos, luego de haber tenido que abandonar el país –no sin haber dejado una estela de uertos y heridos en Bolivia–, su asesor político estadounidense Jeremy Rossner ha hecho una especie de catarsis en el documental de HBO, señalando “esto nos advierte cuales son los riesgos, en Bolivia y en otros lugares, donde se tiene un sentido más agudo de vida o la muerte, si se halla a la mejor persona o si se progresa más rápido, eso puede ser algo de vida o muerte para más personas en un sentido inmediato, eso crea peso en lo que hacemos, al tratar de hacer lo mejor que uno puede, pero no estoy seguro de sí lo haremos diferente”.

2010: elecciones presidenciales y terremotos electorales en Haití

Otro tipo de manipulación que se presenta con sobrada frecuencia en los anales electorales, es el que fue utilizado en las elecciones haitianas posteriores al terremoto que devastó la isla francófona el 12 de enero de 2010, ocasionando que las elecciones presidenciales y parlamentarias, previstas para el 28 de febrero de ese mismo año, fueran postergadas indefinidamente. Aunque la presión internacional, para pesar de Haití, llevó a definir el 28 de noviembre de 2010 como fecha para retomar las justas electorales, los resultados fueron denominados “el sismo electoral”: sería la tercera elección democrática en la historia de Haití pero el principio de una cadena de convulsiones electorales que hoy continúa teniendo efectos.

El 2010, en medio de las gestiones de reconstrucción del país, se llevó a cabo la primera vuelta de las elecciones generales haitianas con la tasa de asistencia más baja de participación en la historia de Haití y de la región (22.9%). Después de la verificación del voto, en medio de acusaciones de fraude electoral, los “expertos” que participaban de la observación salieron apresuradamente con un informe que establecía la necesidad de cambiar los resultados y reconocer al tercero en preferencia como el segundo para participar del balotaje de segunda vuelta. Amenazados con la suspensión de recursos de cooperación para el alivio a los desastres ocasionados por el terremoto, los haitianos tuvieron que aceptar la voluntad de los observadores.

En base al informe del grupo de observación se habilitó al tercero más votado para participar de la segunda vuelta que se llevó a cabo el 20 de marzo de 2011, y posicionó a Michel Martelly como Presidente de Haití, no obstante, tal cual se puede extraer del Documental Sweet Micky For President (2015) la falta de legitimidad de Martelly dio cuenta de su presidencia cuando tuvo que abordar crisis políticas y sociales, mismas que lo llevaron a renunciar el 10 febrero de 2016.

CSL Strategies: el legado de la manipulación continúa

GCS, la referida consultora que asesoró a Goni en las elecciones del 2002, tenía en ese momento al señor Mark Feierstein como uno de sus socios principales. Feierstein, un conocido operador de campañas electorales y diplomático, hasta hace pocas semanas formaba parte de la consultora del mismo rubro, CSL Estrategies, una compañía contratada en diciembre de 2019 por el gobierno transitorio a la cabeza de Arturo Murillo y Jeanine Añez, para realizar actividades de “cabildeo”, cuyo contrato incluía una compensación diaria por sus actividades de 1,500 dólares, que sumarían un total de 90,000 dólares por un lapso de tres meses de servicios.

Durante unos días fue muy conocido en la plaza electoral boliviana que CLS Strategies habría sido sancionada por la red social Facebook y sus subsidiarias, al haber mantenido cuentas ficticias con el único propósito de fomentar una campaña “a favor” del gobierno boliviano y en contra de la gestión del gobierno del ex presidente Evo Morales (de acuerdo al informe de Stanford). Al respecto, CLS Strategies informó sin el mayor rubor que había iniciado una investigación apoyada por una firma legal “para asegurar que el trabajo futuro de CLS cumpla con los más altos estándares de transparencia y plataformas publicitarias”.

El periódico Washington Post informó que Facebook había sancionado la operación de “CLS que involucró 55 cuentas de Facebook, 42 páginas de Facebook y 36 cuentas en Instagram, dirigida a audiencias en Venezuela, México y Bolivia, lo que habría alcanzado a un total de 550.000 usuarios e involucró $us 3.6 millones en publicidad”. Está claro que los medios han ido variando en el tiempo pero el fin ha permanecido: suplantar la voluntad colectiva y obtener poderes cuestionables.

No obstante, identificar las estrategias se ha tornado más complejo, el algoritmo es capaz de predecir los gustos del individuo, construyendo odios o afinidades, sin que seamos capaces de identificarlo. Estamos expuestos intencionalmente a estímulos previstos para hacernos girar el timón, muchas veces con noticias que faltan a la verdad abiertamente conocidas como posverdades o fakenews.

2019: el fraude de la mal llamada “revolución pitita”

El 20 de octubre de 2019 se celebraron las elecciones generales en Bolivia. La votación se llevó a cabo tanto en Bolivia como en diversos países del exterior. El ex presidente Evo Morales se presentó por el MAS en un controvertido cuarto mandato y era, con un margen de más del 10%, el candidato favorito en todas las encuestas, mismas que aseguraban que Morales vencería a Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana (CC), el principal rival junto a otros siete candidatos de la fragmentada oposición.

El 19/O, tras un normal desenvolvimiento de la jornada electoral, los partidos de oposición irrumpieron en una campaña de deslegitimación y criminalización del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), que empezó por observar la actividad de la denominada Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que se había cortado a las 20:00 horas, producto de un acuerdo entre los magistrados del Órgano Electoral Plurinacional luego que dieran los primeros resultados parciales, donde Evo Morales aventajaba a Carlos Mesa en 7.9% al 83.85% del conteo preliminar. El corte del conteo del TREP fue restablecido públicamente al día siguiente a las 18:30 con un 94.4% de avance, lo que daba a Morales una ventaja de 10.15%, 0.15% más de lo que necesitaba el MAS para no ir a segunda vuelta.

La suspensión por 20 horas del TREP dio lugar a una conferencia de prensa el día 21 de octubre, en la que la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de Manuel González, señaló su “preocupación ante cambios drásticos e inexplicables” que daba la victoria a Morales en primera ronda, añadiendo que “es fundamental que se respete plenamente la voluntad ciudadana”, sugiriendo que se lleve a cabo una segunda vuelta de cualquier manera.

Los candidatos de oposición se colgaron de este acontecimiento para agudizar la campaña de desgaste del candidato del MAS y aprovecharon este hecho para llamar a vigilias, que se tornaron violentas con quemado de ánforas y recintos electorales, hecho que terminó siendo causa de errores insuperables observados por la auditoría de la OEA que se daría posteriormente. La MOE emitió su informe preliminar el 23 de octubre sobre las elecciones, ratificando las críticas lanzadas 2 días antes y sugiriendo repetir la votación, señalando que “los cambios en la tendencia del conteo rápido eran difíciles de explicar y no coincidían con las otras medidas disponibles”, lo que fue instrumentalizado por la oposición boliviana para construir el argumento de un supuesto fraude.

El 30 de octubre de 2019, el ex canciller Diego Pary anunciaba la firma del acuerdo de revisión integral del proceso señalando que “La auditoría se concentrará en la jornada electoral del 20 de octubre de 2019 y las fases posteriores”, añadiendo que se había “invitado a España, México, Paraguay para que acompañen este proceso”. El Estado boliviano y la OEA firmaron un acuerdo para que el Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO) de la OEA iniciara su trabajo en Bolivia el 31 de octubre, con una misión que comprendía alrededor de 30 personas. Al día siguiente, el 1º de noviembre, Arturo Espinoza, Jefe de la Misión de Auditoría renunció admitiendo haber hecho declaraciones públicas que comprometían la imparcialidad del proceso de observación y aclarando que debió “informar a OEA sobre manifestaciones públicas previas acerca del proceso electoral en Bolivia”.

La OEA ha participado en muy pocas auditorías electorales en la región.

En 2004 participó de una auditoría, junto al Carter Center, del Referéndum Revocatorio contra Hugo Chávez en Venezuela, en el que Chávez obtuvo un apoyo de 59% de los votos; en 2010 participó de otra auditoría en Haití, en la que la MOE recomendó cambiar los resultados de la elección provocando que el tercer candidato más votado sea el segundo y posteriormente el presidente, sin un justificativo verdadero (impactando negativamente en el país, de acuerdo a la International Foundation for Electoral Systems); y, finalmente, el 2019 en Bolivia, donde recomendó que se repitan las elecciones, provocando una convulsión social sin precedentes, con más de 30 civiles fallecidos por enfrentamientos con miembros de las Fuerzas Armadas en las localidades de Sacaba y Senkata.

El Grupo Auditor publicó el informe preliminar el domingo 10 de noviembre (dos días antes de lo esperado), alegando “fallas graves” de seguridad en los sistemas tanto TREP como del cómputo final y el descubrimiento de “una clara manipulación del sistema TREP que afectó tanto los resultados de dicho sistema” determinando “otro proceso electoral” con “nuevas autoridades electorales para poder llevar a cabo comicios confiables”. Ese día, más tarde, Morales renunció ante las “recomendaciones” del alto mando militar durante una conferencia de prensa, recibiendo asilo político en México y posteriormente trasladándose a Argentina, país donde obtuvo el estatus de refugiado.

La OEA dio a conocer el informe final del Análisis de Integridad Electoral el 4 de diciembre de 2019. El comunicado de prensa señalaba que se encontró una “manipulación intencional” e “irregularidades graves” que no permiten validar los resultados de las elecciones de octubre de 2019, señalando expresamente que “Ha habido una serie de operaciones dolosas encaminadas a alterar la voluntad expresada en las urnas” (aunque el término “dolosa” solo se halla en la nota de prensa y el “resumen ejecutivo”, luego no está desarrollado en el cuerpo del informe). El informe final contiene 5 hallazgos principales, divididos en acciones deliberadas, irregularidades graves, errores e indicios, de los cuales más del 50% de los hallazgos de mayor relevancia están referidos al sistema TREP que no es vinculante en el proceso electoral y, contrario a los principios de la IFES sobre auditorías electorales, no se ofreció la posibilidad de contestar el referido informe.

Este informe se convirtió en la excusa para el posterior quebrantamiento del orden constitucional en la sucesión presidencial y el rompimiento de relaciones bilaterales y multilaterales con países y organismos, entre otros hechos flagrantes de corrupción. En ese sentido, el informe es estrecho de análisis al haberse abocado a la revisión de las actas electorales que evidenciaban que el MAS tenía una preferencia mayoritaria muy grande y no a las actas en las que CC también la tenía, resaltando al mismo tiempo que es imposible reproducir algunos tramos de proceso electoral porque las actas, las papeletas y las listas de electores fueron quemadas. Sobre esto último, la OEA señaló que estas eran “Acciones Deliberadas que buscaron manipular el resultado de la Elección” y por tanto “son acciones dolosas que tuvieron la intención de afectar el transcurso del proceso electoral según lo planificado de manera oficial”, olvidando que la quema se realizó ¡a instrucción del candidato de CC, Carlos Mesa, y otros líderes de oposición!

Finalmente, su conclusión más seria pretendía “dejar en claro que la victoria en primera vuelta de Evo Morales fue estadísticamente improbable, y que su proclamación se dio por un aumento masivo e inexplicable de los votos del MAS en el 5% final del cómputo” añadiendo que “sin ese aumento, aunque el MAS habría conseguido la mayoría de los votos, no habría obtenido la diferencia del 10% necesario para evitar la segunda vuelta”, dicha manipulación se habría conseguido “a partir de quiebres marcados en las líneas de tendencia de votación del oficialismo y de CC, a nivel nacional y departamental. El tamaño de las rupturas es extremadamente inusual y coloca en duda la credibilidad del proceso”.

Las conclusiones de este informe ameritaron toda clase de publicaciones, por enumerar algunas: el CELAG hizo un “Análisis del informe final de la OEA sobre las elecciones en Bolivia” donde concluyó que de asumir las irregularidades el MAS mantendría la diferencia de 10.8% respecto a CC; el CEPR (por sus siglas en inglés) tiene varias publicaciones siendo su principal denuncia que el informe final de la OEA “se basa en análisis estadísticos y muestrales defectuosos y con supuestos incorrectos”; otros informes que apuntan en la misma dirección denunciando la debilidad estadística del informe de auditoria final, entre ellos Walter Mebane de la Universidad de Michigan, Jack Williams y John Curiel del Laboratorio de Ciencias y Datos Electorales del Massachussets Institute of Technology, y el de Nicolás Idrobo y Dorothy Kronick de la Universidad de Pensilvania y de Francisco Rodríguez de la Universidad de Tulane, así como la carta firmada por más de 100 economistas y estadísticos que arriban a la misma conclusión.

A ello se sumaron grandes publicaciones, como las variadas del Washington Post y Monkey Cage, o la más reciente del New York Times, que señalan que “un minucioso examen de los datos de la elección boliviana sugiere que el análisis inicial de la OEA que planteó dudas sobre un fraude electoral -y ayudó a derrocar a un presidente- fue defectuoso”. Así mismo, el New York Times reflejó que “el consultor de la OEA que realizó su análisis estadístico, el Profesor Irfan Nooruddin de la Universidad de Georgetown, que dijo que el nuevo estudio tergiversa su trabajo y se equivocó, no proporcionó detalles ni compartió sus métodos o datos con los autores del estudio a pesar de reiteradas solicitudes”.

Al respecto, el 20 de agosto de 2020, Irfan Nooruddin el Consultor Principal estadístico de la misión de auditoría de la OEA, mediante Twitter ha revelado la data usada y el código de replicación, lo que ha demostrado que su análisis padecía de errores fundamentales que básicamente señalaban que “La OEA no tenía una cronología real del conteo de votos de Bolivia, a pesar de que hizo acusaciones sobre un cambio en la tendencia de los votos a lo largo del tiempo que sugería la existencia de un fraude”. Como expresa en David Rosnick del CEPR, básicamente el análisis hecho a la base de datos publicada desmontó un error de apreciación garrafal que suplanta la secuencia temporal por otra alfanumérica, de donde no se puede tomar conocimiento real de un cambio en la tendencia, y si corres los datos de manera secuencial en forma cronológica comprueba que no hay ningún cambio en la tendencia.

La tesis de Rosnick ha sido apoyada por Jack Williams del Laboratorio de Ciencias y Datos Electorales del Massachussets Institute of Technology y Francisco Rodríguez de la Universidad de Tulane señalando que aquello “confirma las afirmaciones que el informe (de la OEA) suplanta los hallazgos y usa métodos estadísticos inapropiados” y por tanto desmonta la principal acusación de la Auditoría del 4 de diciembre de 2019.

Solicitudes de investigación a la OEA

De estas elecciones y sus posteriores resultados se han producido una variedad grande de análisis, tanto a favor como en contra, que han permitido arrojar luces y sombras sobre los hecho que rodearon a las convulsiones posteriores al 20 de octubre de 2019, y que terminaron por forzar la renuncia del ex presidente Morales poco antes de culminar su último mandato constitucional. Los argumentos, que justifican el rompimiento constitucional, después de publicadas las conclusiones preliminares y finales del Grupo Auditor de la OEA, fueron desvirtuadas una a una.

El 25 de noviembre de 2019, los congresistas estadounidenses, Schakowsky, Huffman, Rush y “Chuy” García, en una nota dirigida al director de la Misión de Observación de la OEA para las elecciones de 2019, Manuel González, cuestionaban los hallazgos reportados el día 21 de noviembre de 2019, que pretendían señalar un fraude y un cambio inexplicable de tendencia, no obstante, no se conoce de una respuesta oficial que la Misión de Observación de la OEA haya provisto a los congresistas a la fecha. Del mismo modo, siguiendo los cuestionamientos de noviembre de 2019, el pasado 4 de septiembre de 2020 casi un año después, los Congresistas Schakowsky y García, volvieron a referirse a las elecciones en Bolivia en octubre de 2019.

En sus pronunciamientos llamaron a una investigación señalando que “El Congreso de los Estados Unidos proporciona alrededor del 60 por ciento del financiamiento de la OEA” y, por tanto, “Puede y debe investigar el papel de la OEA en Bolivia durante el año pasado y garantizar que el dinero de los contribuyentes no contribuya al derrocamiento de gobiernos elegidos democráticamente, conflictos civiles o violaciones de derechos humanos”. Esta censura se suma a la de otros parlamentarios europeos y latinoamericanos que han convocado a la revisión de lo señalado por la Misión de Observación y finalmente el Grupo Auditor de la OEA para las elecciones bolivianas en octubre de 2019.

La difícil reconstrucción institucional

El 14 de septiembre de 2020, Buzzfeed News, informaba en sus rotativo que una antigua funcionaria de Facebook había declarado que “En el caso de Bolivia, Zhang dijo que encontró ‘actividad falsa de apoyo al candidato presidencial de la oposición en 2019’ y decidió no darle prioridad. Meses después, la política boliviana entró en crisis, lo que provocó la renuncia del presidente Evo Morales y ‘protestas masivas que provocaron decenas de muertes’”. Estas declaraciones se dieron días después de la crisis producida por la publicación del Washington Post, que informó que CLS Strategies había creado cuentas falsas con el fin apoyar la gestión de gobierno en Facebook y sus subsidiarias, lo que fue descubierto por una investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus sigla en inglés).

La investigación hecha por Facebook se produjo cuando el FBI encontró sospechosa la actividad de CLS Strategies que había pagado 3.6 millones de dólares para propaganda en este portal. Las sospechas llevaron a cerrar decenas de cuentas falsas que tenían un alcance de medio millón de personas y era corroborada por una investigación de Stanford que apuntaba a que había más cuentas aún por dar de baja y que operaban bajo el mismo esquema, reportó Renne DiResta Jefa del Observatorio de Internet de Stanford.

Consecuencias perversas del golpe de Estado de noviembre de 2019

En Bolivia, como en muchos países de Latinoamérica, las castas que se arrogan la administración del Estado no cuentan con la legitimidad para llamar a su proyecto-país al conjunto de las colectividades que conforman el Estado, principalmente, porque no tienen un proyecto nacional sino coyuntural de explotación de los recursos naturales al interior de las fronteras. Consecuentemente, la administración estatal se vuelve una especie de lotería que pasa de grupículo de poder a otro, que en Bolivia se denominan juntuchas. Este proceso se repite circularmente al infinito, con crisis de acumulación y vaciamiento del contenido político de los procesos coyunturales, que son incapaces de contener un discurso incluyente que pueda ser confrontado en términos reales con su expresión legal, económica y política y cada giro de este círculo perverso desgasta más al entramado social que soporta esta crisis cíclica no sólo económica.

Ese péndulo de tesis y antítesis, de premisas falsas que viene sucediendo desde 1825, llegó casi intacto a la guerra del Chaco de la década de los treinta del siglo pasado, transitó sin mayor dificultad luego de la Revolución Nacional de 1952 y aterrizó en a las marchas por tierra y territorio de finales los años 90.

Sin embargo, las guerras por los recursos naturales (Guerra del Agua del año 2000 y Guerra del Gas del año 2003) dieron lugar un nuevo pacto fundacional, a la creación de un Estado Plurinacional que interpela a las juntuchas y que es resistido por estas, negándose a formar parte de un proyecto-país integral e incluyente, con avances sociales como la laicidad del Estado, la visibilización de los excluidos, el reconocimiento de una pluralidad de idiomas originarios y la incorporación como paradigma del constructo teórico “Vivir Bien”, que tiene como eje principal a la vida y no solamente al hombre o la democracia.

Estos son algunas de los logros institucionales históricos que han quedado en suspenso absoluto desde el golpe de Estado perpetrado durante los meses de octubre y noviembre de 2019. Con pobres bases institucionales, dominadas por el colonialismo interno, sumado a un profundo patrón de discriminación y exclusión del otro encarnado en la población indígena, y bajo influencias que aun son difíciles de entender en el mundo, en Bolivia el quebrantamiento institucional del año 2019 ha tenido su mayor efecto perverso en el parque institucional que se había logrado construir desde el año 2006.

Pírrica victoria de aquellos que creyeron haber ganado algo mediante el derrocamiento, en noviembre del pasado año, del gobierno legítimamente constituido.

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