Desde el mes de mayo entró en vigencia en el país el nuevo Protocolo de Adopción Nacional, aspecto por el cual instituciones públicas y judiciales que velan por los derechos de la niñez y adolescencia del departamento y del municipio vienen buscando las mejores formas para implementarlo en Oruro.

“Estamos buscando las mejores formas y el mecanismo más seguro para poder implementarlo, ya que el mismo habla del que el Servicio Departamental de Gestión Social y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio deben trabajar de forma coordinada y conjunta, al igual que los jueces en materia de niñez y sus equipos”, informó Juan Carlos Salazar, abogado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

Este protocolo otorga atribuciones especificas a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, pues se convierte en la instancia que inicia las demandas, en otrora eran los solicitantes, quienes iniciaban la demanda ante el Juzgado de la Niñez y Adolescencia y ahora es la Defensoría, quien en representación del niño o adolescente en estado de adoptabilidad, debe iniciar la demanda ante los jueces respectivos, ese aspecto hace que su participación en el proceso de adopción sea más activa.

“En realidad (el protocolo) es mucho más rápido, antes tenía que haber una lista de espera, se tenía que ver si habían niños para ver si podían empezar proceso de adopción, ahora primero tiene que haber el niño psicológicamente listo, si hay un padre se inicia el proceso de adopción, se da una facilidad de poder realizar las adopciones, y nos genera más responsabilidad y compromiso como defensoría de la niñez en estos temas”, recalcó Salazar.

Antes, el proceso de adopción podía durar más de un año, e incluso había personas que por la demora decidían retirarse del proceso, aspecto que quitaba la posibilidad de brindar una familia a las niñas, niños y adolescentes en situación de abandono.

Una de las mayores quejas de la asociación de padres adoptivos en Oruro, hace referencia a que varios casos quedan detenidos por el constante cambio de personal o por la falta de compromiso de los mismos.

“Ha habido retraso en tema de menores, es evidente en la gestión del alcalde Edgar Bazán se regularizó proceso desde hace cinco años, se iniciaron procesos de extinción y no se siguió ningún trabajo, nosotros hemos asumido con responsabilidad de agotar estos procesos volverlos a activar, por lo que concluyeron en su mayoría”, aseveró el abogado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

Fuente: lapatriaenlinea.com

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