Una acción de inconstitucionalidad abstracta en el Tribunal Constitucional Plurinacional busca que se declare ilegal la transferencia de la administración y distribución del Subsidio Universal Prenatal por la Vida al Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem).

Los diputados Norman Lazarte, Jimena Costa y Rose Marie Sandoval interpusieron el recurso porque consideran un absurdo que se haya transferido la distribución y administración del subsidio de lactancia.


En los últimos tiempos han transferido su administración a la incubadora de empresa y luego han transferido el total del subsidio al Sedem, que está bajo dependencia del Ministerio de Desarrollo Productivo. Es un absurdo total, declaró Costa a ANF.


Los legisladores sostienen que el Sedem no tiene la experticia para garantizar y verificar las condiciones de seguridad de la salud pública y de sanidad como se supone tiene el Ministerio de Salud del que históricamente dependió el subsidio.


Con la acción judicial, los legisladores buscan que el TCP declare la inconstitucionalidad de los artículos 3, 4, 6 y la disposición adicional única del Decreto Supremo 3319 de 6 de septiembre de 2017.


También solicitan que el presidente Evo Morales sea citado para que responda a la acción de inconstitucionalidad, toda vez que es el emisor de las normas que, en su criterio, vulneran la Constitución Política del Estado.


Asimismo, solicitan medidas cautelares, como una orden de suspensión y aplicación del Decreto Supremo 3319 en tanto el TCP resuelva la acción interpuesta.


 


AUTORIDADES CEDEN SUS COMPETENCIAS


En septiembre de 2017 se promulgó el Decreto Supremo 3319 que definió las entidades encargadas de determinar la lista de productos, selección de proveedores y la distribución del subsidio prenatal, de lactancia, universal y prenatal por la vida, así como la entidad encargada de su control y fiscalización.


El recurso de acción de inconstitucionalidad fue presentado en octubre de 2017.


Las notificaciones fueron realizadas con la admisión correspondiente en el mes de diciembre de 2017 y, aunque no se cumplieron los plazos, la diputada Jimena Costa señaló que esperan que la entidad del control constitucional dicte un fallo a favor de la demanda. Para Costa, existen responsabilidades en las autoridades que cedieron competencias.

Fuente: Los Tiempos

Fuente: La Prensa

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