La Iglesia católica expresó ayer su satisfacción con la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que el jueves pasado falló en contra de varios artículos de la ley de Género, referidos a los derechos civiles de las personas transgénero y transexual.

El secretario adjunto de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), José Fuentes, calificó la decisión del TCP como sabia.


El Tribunal Constitucional Plurinacional ha definido que el matrimonio se celebra entre varón y mujer biológicamente constituidos. Yo creo que es una decisión sabia, porque está de acuerdo con la cultura de nuestros pueblos. Esa decisión está de acuerdo también con los pensamientos de los cristianos, dijo Fuentes durante la celebración de una misa en la basílica menor de San Francisco.


El TCP declaró inconstitucional el parágrafo II del artículo 11 de la Ley de Identidad de Género, el cual otorgaba a quien cambiaba de sexo todos los derechos fundamentales, políticos, laborales, civiles, económicos y sociales, así como las obligaciones inherentes a la identidad de género asumida.


Fuentes se dirigió a los jóvenes y aclaró que la posición de la Iglesia no es contraria a la felicidad, sino que pretende evitar los engaños con promesas de falsa felicidad impulsados por la moda y los medios de comunicación.


El Secretario de la CEB aseveró que los matrimonios entre personas del mismo sexo no dan felicidad. Sostuvo que aquello que da felicidad son las opciones serias que se toman en la vida, y no los sentimientos efímeros.


 


ANTECEDENTES 


El fallo. El TCP declaró el pasado jueves la inconstitucionalidad de la frase que permite el ejercicio de todos los derechos fundamentales a las persona LGBT, en el marco de la Ley de Identidad de Género.


La demanda. Los impulsores de la demanda argumentan que con ese parágrafo se amenazaba a la familia, porque se permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo, y les daba la posibilidad de adoptar hijos.

Las protestas. Los colectivos de gais, lesbianas, transexuales y bisexuales calificaron esta decisión como un retroceso para la democracia en el país y adelantaron que acudirán a instancias internacionales.

Fuente: La Prensa

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