El exprefecto de Pando Leopoldo Fernández ha vuelto a su tierra después de siete años  de haberla dejado, cuando fue detenido por un contingente militar luego de los luctuosos sucesos del Porvenir  y trasladado a La Paz, donde guarda detención.

El regreso de Fernández a Cobija, y a otras localidades, tiene que ver con el proceso que se lleva en su contra y refleja la lentitud, inhumanidad e ineficiencia de la justicia. Siete años después de los hechos de los que se lo acusa, la muerte de 18 personas, recién se realizó la inspección ocular de los lugares donde sucedieron los hechos.

El 11 de septiembre de 2008, en confusas circunstancias, un grupo de campesinos, que marchaban desde el Beni a Cobija para protestar contra Leopoldo Fernández, fueron emboscados por supuestos funcionarios de la entonces prefectura pandina que dirigía Fernández, según se le acusa.  En la balacera que se produjo  murieron 18  de ellos y dos empleados prefecturales.

Se cree que efectivamente hubo un deseo de la entonces Prefectura de evitar la llegada de esos marchistas a Cobija, porque su anuncio de intentar bloquear la prefectura era pernicioso a sus intereses, en un momento además de extrema violencia en el país, ocasionada por la actitud antidemocrática del movimiento cívico de los departamentos del oriente.

Y aunque incluso esto es una hipótesis, que la ineficiente y controlada justicia boliviana no puede probar, no está clara la participación de Leopoldo Fernández en todo esto. Ni intelectual ni material. Tampoco está claro por qué dos funcionarios prefecturales murieron, ya que ello implica que los campesinos también estaban armados.

Pese a ello, el exprefecto sigue bajo detención domiciliaria en La Paz (antes estuvo en una cárcel pública) en un caso que tiene innegablemente  un cariz político. Siete años después nada se ha probado y Fernández sigue preso.

El tema del Porvenir, como el denominado caso terrorismo, y ahora la detención de Carmelo Lens, parecerían responder cada vez más a la  judicialización de la  política. Se puede decir, lamentablemente, que en Bolivia existen presos políticos. Los acusados que aceptan su culpa, como varios que lo han hecho en el marco del caso terrorismo, son liberados, pero los que insisten en su inocencia, y sobre quienes la justicia no puede probar nada, permanecen presos.

Esta es una demostración  peligrosa. Demuestra la fragilidad  de la democracia boliviana, que permite que personas permanezcan detenidas por largos años sin que se les pruebe nada (en realidad, sin que sean procesadas formalmente) y que la condición de opositores sea señal de culpabilidad.

Siete años después de los sucesos de Provenir nada se ha probado y Fernández sigue preso. Una demostración del control de la justicia por el Gobierno.

Fuente: Pagina Siete

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