Evo Morales y Álvaro García Linera
Evo Morales y Álvaro García Linera

Las ONG y fundaciones cuestionadas y amenazadas por el Gobierno estuvieron antes ligadas a las actuales autoridades.

El vicepresidente Álvaro García postuló a director del Cedla; en 2003, en una carta, el entonces diputado Evo Morales elogió al Cedib por su labor y apoyo a los cocaleros; y siete miembros del actual Ejecutivo trabajaron en la Fundación Tierra.

García dijo el lunes que esas tres organizaciones, junto con Milenio, hacían política y amenazó con expulsarlas.

El Vicepresidente se presentó a fines de 2004 a un concurso abierto de competencia para ocupar el cargo de director del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), según documentos a los que tuvo acceso ANF. La convocatoria pública estuvo abierta para cualquier profesional interesado que cumpliese con los requisitos.

El proceso de calificación al que se presentó García Linera estuvo a cargo de la empresa Ruiz Mier e incluyó una evaluación de hoja de vida, un examen psicotécnico y una propuesta de gestión estratégica de la institución. Su contratación no se concretó, dijo un testigo del proceso, que pidió mantener su nombre en reserva, porque una línea más radical dentro del Cedla decidió vetarlo.

Un año antes, en una carta del 21 de julio de 2003, Morales destacó el trabajo del Cedib por ayudar a los cocaleros y difundir la verdad, según reportó Erbol.

“El Cedib (…) siempre busca difundir la verdad de los procesos económicos y políticos del país”, dice la nota firmada por el entonces diputado Morales. Asimismo, dijo que el Cedib apoyó el fortalecimiento sindical de las federaciones del trópico y elaboró “materiales en que se defiende los intereses de las mayorías y específicamente de los productores de coca”.

García Linera dijo el lunes que el Cedla está formado por “trostskistas verdes” que han cambiado su ideología por el dinero que reciben de empresas y poderes extranjeros. El Cedib fue atacado con el mismo argumento.

Por otra parte, en una revisión hecha por ANF que se remonta a 1998, se encontró que estuvieron vinculados a la Fundación Tierra el fiscal general, Ramiro Guerrero; el actual viceministro de Planificación y Coordinación del Ministerio de Planificación para el Desarrollo, Diego Pacheco; la funcionaria del  Centro de Investigaciones Sociales (CIS), Ximena Soruco; el gerente general de Abya Yala, Pablo Groux; el exviceministro de Tierras, Jorge Barahona; el exvicencaciller, Hugo Fernández; y la exviceministra de Desarrollo Rural, Roxana Liendo.

Fundaciones se pronuncian

En un comunicado a la opinión pública, Milenio destacó ayer que “se caracteriza por su absoluta independencia institucional y su estricto apego y cumplimiento de las leyes bolivianas” y que quienes utilizan sus investigaciones son los que “pueden y deben juzgar el desempeño de nuestra organización”.

En tanto que el Cedla, en un comunicado, dijo: “Nuestro carácter independiente, respecto a las organizaciones políticas partidistas, nos ha permitido abordar la investigación sobre diferentes temáticas socioeconómicas con rigor y honestidad intelectual” y que las declaraciones “tienen la clara intención política de limitar nuestros derechos a la libre opinión y expresión”.

Las advertencias a las ONG ya fueron hechas por Morales.

Alistan otra ley para ONG

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, informó ayer a ABI que esa instancia legislativa elabora una norma para transparentar el funcionamiento de las ONG en Bolivia, porque muchas de esas instituciones hasta la fecha “no han develado sus objetivos”.

“Una norma de carácter específico de las ONG que hable de su acta de constitución, su naturaleza, sus finalidades y transparentar sus recursos económicos”, agregó.

El 2013, se promulgó la Ley 351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas para las organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro que desarrollen actividades en más de un departamento y cuyas actividades sean o no financieras.

La ley permite que el Gobierno disuelva en cualquier momento, sin recurrir a orden de juez, a cualquier ONG o fundación, sin necesidad de comprobar sus eventuales acusaciones. Pese a la dureza de la norma, Borda cree que no es suficiente por lo que sugiere “medidas coercitivas más efectivas” contra aquellas que se desvíen en el cumplimiento de sus objetivos y estatutos.

TRABAS A LAS ONG

Erbol

Sólo 250 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de las 2.176 que cumplen su trabajo en Bolivia lograron renovar su personería jurídica hasta este año, debido a una serie de represalias y dificultades.

La denuncia corresponde a la directora Ejecutiva de Unitas (Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social), Susana Eróstegui, quien además explicó que estas dificultades obligaron a las ONG a incurrir en gastos no previstos para hacer efectivo el mencionado trámite.

“(…) Han sufrido una serie de obstáculos, parece que hubiera una serie de diferencias, como si algunas instituciones tuvieran mayor posibilidad para renovar sus personerías que las ONG”, indicó y añadió que las restricciones prueban que el Gobierno quiere controlar su trabajo.

Fuente: Los Tiempos

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