El intento de aumentar los montos que la gente paga por los impuestos de los inmuebles sigue generando problemas en el municipio. El llamado impuestazo, que se frenó luego de que la población reclamó por los incrementos en sus pagos, se convirtió en la bandera de guerra de algunas organizaciones vecinales.

Los líderes de estas organizaciones, que viven en una pugna interna constante, llegaron ayer hasta la plaza 24 de Septiembre para exigir al alcalde Percy Fernández la destitución del secretario de Recaudaciones y Gestión Catastral (SER), Fernando Mustafá, y de la secretaria de Desconcentración Municipal, Desireé Bravo.

Omar Ribera, líder de un grupo vecinal, dijo que se esperará 15 días antes de iniciar una querella criminal en contra de Bravo y de Mustafá, a los que responsabilizan del intento fallido de nuevos cobros.

“Si no somos escuchados, vamos a iniciar un cerco al Ejecutivo Municipal hasta que sean destituidos Mustafá y Bravo”, apuntó Ribera, que llegó acompañado por gente del Comité Cívico Popular, organización de vecinos que tiene sus bases en el Plan Tres Mil.

Ambas organizaciones quieren que Percy haga rodar cabezas por el impuestazo fallido, ya que luego de los reclamos masivos de la gente, el gobierno municipal frenó la disposición de incrementar las tasas tributarias de los inmuebles.

Un día antes Abad Lino, también dirigente vecinal, pidió sanciones para los que gestionaron y aprobaron la norma que derivó en el impuestazo.

En manos del alcalde
Los pedidos de destitución no han generado en el Ejecutivo ninguna reacción, ya que hasta el momento no ha salido ninguna autoridad a explicar cuál será el destino que corra Mustafá y Bravo, los nombres sobre los que se lanzan dardos.

El concejal oficialista Romel Pórcel, que la semana pasada había dicho que si hasta ayer al mediodía no era retirado Mustafá él se presentaría en su oficina para retirarlo, cumplido su plazo no hizo nada. Ayer no fue encontrado en el organismo deliberante y tampoco contestó llamadas de los medios de comunicación.

Por su parte, Mustafá no apareció y en su oficina se limitaron a indicar que estaba en reuniones y no podía atender a la prensa.

La que sí dio la cara fue la exalcaldesa Desireé Bravo. Desde su oficina en el edificio Córdoba I, señaló que ella y Percy se vieron sorprendidos con los cobros y aclaró que el proyecto que ella recibió cuando presidía el Concejo, no señalaba incrementos en los impuestos de ningún vecino.
Bravo admitió que la norma de zonificación tributaria fue promulgada en su condición de alcaldesa y agregó que desde la secretaría de Mustafá, fue desde donde nació el cuestionado proyecto.

Fuente: Christian Peña / Lillo / El Deber

Percy-Fernandez

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