El jefe del Gobierno español Mariano Rajoy ayer dio plazo hasta el lunes para que el presidente catalán Carles Puigdemont aclare formalmente si declaró la independencia, y, si lo hizo, hasta el 19 de octubre para que rectifique, precisó en el Congreso.

La hora límite en ambos días son las 10:00 hora local.


En caso de que Puigdemont incumpla los plazos, o su respuesta no sea satisfactoria para el Gobierno, éste empezará a tomar medidas concretas bajo el Artículo 155 de la Constitución, que prevé la suspensión total o parcial de la autonomía de una región.


Es así de fácil y se entiende muy bien () No es lo mismo que alguien, en este caso el presidente de un Gobierno autonómico, declare la independencia, en cuyo caso el Gobierno tiene que actuar, que no la declare, sostuvo.


Rajoy lanzo una advertencia: es muy importante que el señor Puigdemont acierte en su respuesta.


Sobre la sesión del parlamento catalán del martes, en que el Presidente catalán hizo amago de declarar la independencia y la retiró inmediatamente, para facilitar el diálogo, Rajoy dijo que absolutamente lamentable.


No hay nadie aquí que pueda pensar que lo que ayer ocurrió en el parlamento de Cataluña () fue algo normal, razonable y propio de un país democrático.


En su comparecencia ante el Congreso, Rajoy reiteró que no acepta mediaciones no hay mediación posible entre la ley democrática y la desobediencia, el día que Puigdemont, en una entrevista con la televisión estadounidense CNN, reiteró su llamamiento al diálogo y la demanda de designación de un mediador.


El socialista Pedro Sánchez, líder de la oposición, había dado previamente su apoyo a Rajoy y anunciado que había acordado con él abrir el debate sobre la reforma de la Constitución, precisando que permitiría hablar de cómo Cataluña se queda en España, y no de cómo se va.


Sentimientos


El sentimiento independentista en Cataluña ha crecido exponencialmente desde la crisis económica mundial de 2008 y el recorte parcial en 2010 por parte del Tribunal Constitucional de un estatuto regional que le daba más autonomía.


El 1 de octubre, se celebró un referendo declarado inconstitucional en el que más del 90 por ciento de los votos fueron a favor de la independencia, con una participación del 43 por ciento, aunque los sondeos y los resultados de las elecciones autonómicas señalan una división casi a partes iguales en la sociedad catalana.


En lo que sí coinciden los catalanes 80 por ciento según los sondeos es en pedir un referendo pactado sobre la autodeterminación.


Confusión


El martes, en el parlamento regional, el presidente Puigdemont dejó en suspenso una declaración de independencia sin llegar a formularla explícitamente, creando una gran confusión.


El desconcierto fue aún mayor cuando, terminado el pleno, los 72 diputados independentistas firmaron una declaración de independencia en la que como representantes de Cataluña constituyen la República catalana como Estado independiente y soberano.


El valor de este documento es simbólico, aclaró el portavoz del ejecutivo catalán, Jordi Turull.


España es un país muy descentralizado y la Constitución adoptada en 1978 confiere a sus 17 comunidades autónomas amplios poderes en materia de salud y educación, por ejemplo.


Pero incluye una disposición que permite al poder central intervenir directamente en los asuntos de una región en caso de crisis, el Artículo 155, que nunca se ha aplicado plenamente.


 


MARIANO RAJOY. PRESIDENTE DEL GOBIERNO ESPAÑOL


Por el bien de la sociedad en su conjunto, sería muy importante que el señor Carles Puigdemont aclarase al resto de los españoles si declaró ayer (por el martes) la independencia o no de Cataluña


 


LO QUE DICE EL ARTÍCULO 155


Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas


 


¿CÓMO SE APLICARÍA EL ARTÍCULO 155 ?


El objetivo


El artículo 155 se introdujo en el título VIII de la Constitución para que el Gobierno tuviera precisamente un mecanismo para controlar a las Comunidades Autónomas y pudiera forzarlas cumplir sus obligaciones o proteger el interés general.


¿Cuándo se puede activar?


Según su redacción, en dos circunstancias: Una, si la comunidad no cumple las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan o, en segundo lugar, en el caso de que actúe de forma que atente el interés general de España. Según la interpretación de las autoridades gubernamentales, una Declaración Unilateral de Independencia respondería sin duda a ambos puntos.


¿Cuál es el procedimiento del artículo 155?


En primer lugar, el Gobierno central, previa reunión del Consejo de Ministros, debe enviar un requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma en el caso de Cataluña a Carles Puigdemont con el que considere tiene un serio conflicto a fin de que cumpla con sus obligaciones o corrija su actitud en pro del interés colectivo. El artículo no establece plazos cerrados, pero algunos expertos constitucionalistas consultados por este diario consideran que el Ejecutivo le tendría que dar, al menos, 24 horas de cortesía para que el interpelado emita respuesta. En todo caso, es decisión exclusiva de La Moncloa marcar ese tiempo.


Si el jefe de la autonomía, Puigdemont en este supuesto, opta por no deponer su actitud y dar un paso atrás, entonces entraría en juego el Senado, que es la Cámara territorial (en la que los populares cuentan con mayoría absoluta en esta legislatura) y la destinada a autorizar al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para que la comunidad afectada, Cataluña concretamente ahora, vuelva a la senda de la legalidad.


El papel de la Cámara territorial


El artículo 155 no se ha desarrollado nunca, de ahí que persistan muchas dudas sobre su aplicación y qué conlleva. Si bien el reglamento de la Cámara Alta, en su artículo 189, sí especifica que el Gobierno debe enviar previamente al Senado una propuesta con las medidas concretas que plantea imponer en Cataluña. Dicha propuesta debe ser aprobada en un segundo consejo de ministros antes de llegar a manos de los senadores.


La Mesa de la institución, presidida por Pío García-Escudero, estudiará entonces el escrito, lo admitirá previsiblemente a trámite y lo enviará a la Comisión General de Comunidades Autónomas. Se trata de un órgano en el que están representados senadores de todos los grupos y en el que pueden participar, si lo desean, los Gobiernos autonómicos, que pueden ser escuchados, pero no tienen derecho a voto.


Según el reglamento, la Comisión de las autonomías debe solicitar a Puigdemont que haga las alegaciones que considere oportunas incluso puede darle audiencia, en un plazo correspondiente. Responda el President o no, se convocará la comisión, habrá un debate y una votación posterior. Y, por último, la propuesta final debe aprobarse en el Pleno. El Gobierno calcula que todos estos trámites requieren al menos de cinco días para la entrada en vigor de forma efectiva y oficial del 155.


5 días para la suspensión


El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, calcula que necesita al menos de cinco días para que la suspensión de la autonomía pueda entrar en vigor.


 


CARLES PUIGDEMONT SE INCLINA POR IR A LA MESA DEL DIÁLOGO


Barcelona |


En una entrevista concedida a CNN, Puigdemont se mostró ayer dispuesto a entablar un diálogo sin condición previa con el Gobierno español para intentar acercar posiciones sobre Cataluña.


Estamos en un punto donde lo más importante es que no haya condición previa para sentarse y hablar, aceptar que tenemos que hablar, tenemos que hablar en las condiciones adecuadas, afirmó.


Aseguró que la relación entre España y Cataluña no funciona y por ello abogó por abordar un diálogo entre representantes de ambas instituciones para intentar acercar posiciones.


 


AUMENTA LA DIVISIÓN EN LOS PARTIDOS CATALANES


Barcelona | EFE


Los partidos catalanes escenificaron ayer en el Parlamento regional la misma división que a nivel nacional.


Según fuentes del Ejecutivo catalán consultadas por Efe, la respuesta del gabinete de Puigdemont al Gobierno de España no se prevé que sea inminente.


El vicepresidente del Ejecutivo catalán, Oriol Junqueras, aseguró entender la posición de Rajoy al enviar el requerimiento, aunque consideró que podría hacerlo mejor tras el llamamiento al diálogo de Puigdemont.


El presidente del gubernamental Partido Popular en Cataluña (PPC), Xavier García Albiol, advirtió a Puigdemont de que con el requerimiento tiene una última oportunidad para devolver la normalidad a Cataluña, por lo que confía y desea que esté a la altura.


El primer secretario de los socialistas catalanes (PSC), Miquel Iceta, defendió la necesidad de lograr una reforma constitucional en la que Cataluña se encuentre cómoda e hizo un llamamiento a que el socialismo vertebre el tercer espacio entre el inmovilismo y la locura independentista.


 


LA POLICÍA CATALANA PRESENTA DENUNCIA


Barcelona | EFE


En el plano judicial, la policía regional catalana (Mossos dEsquadra) denunció ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que la Policía Nacional y la Guardia Civil actuaron el 1 de octubre, día de la consulta ilegal, sin informarles de sus intervenciones, de forma distinta a la que se había acordado, por lo que los sistemas de coordinación no resultaron eficaces.


Así lo pone de relieve la Policía catalana en un informe que ha presentado ante la magistrada del TSJC que investiga al Ejecutivo de Puigdemont por la convocatoria del 1-O, en el que detalla que los Mossos decomisaron más de 400 urnas e impidieron la votación en un total de 446 colegios electorales, de los 2.294 previstos.


El TSJC ha admitido a trámite la querella por el 1-0 de la formación de derechas VOX contra Puigdemont.


 


ANÁLISIS


Alfredo Jiménez Pereyra. Editor Mundo


Qué medidas se podrían adoptar


La redacción del artículo 155 de la Constitución española, que se inspira en la ley fundamental de Bonn (Alemania), es tan abierta e imprecisa que existe un debate entre los expertos en Derecho Constitucional sobre qué permite hacer y cuáles son sus límites. Hay acuerdo entre los juristas en que para la ejecución de las medidas previstas, el Ejecutivo podrá dar instrucciones al responsable de una autonomía. En este caso, a Carles Puigdemont.

Pero no está tan claro, a tenor del criterio de esos juristas, que sirva para suspender competencias autonómicas, destituir al Gobierno catalán, disolver el Parlamento y convocar elecciones, como pide, por ejemplo, Ciudadanos. Los efectos de su aplicación, por tanto, sólo se conocerán si ésta se lleva a cabo.

Fuente: La Prensa

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