El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró procedente el amparo constitucional a favor del exdirigente de la Confederación de Pueblos indígenas de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez, y estableció que los vocales y el Ministerio Público conculcaron el derecho al debido proceso al negarle un intérprete durante sus declaraciones.

Chávez interpuso una acción de amparo constitucional porque el Ministerio Público, en el marco de las investigaciones del Fondo Indígena, le tomó declaraciones en idioma castellano, a pesar de que solicitó un intérprete para que asuma su defensa en su idioma tacana.


Aunque la sentencia dice que fue dictada el 23 de marzo de 2016, recién habría sido colgada en la página web del TCP y los demandantes no fueron notificados, según el abogado de Chávez, Otto Ritter que calificó de folklórica la decisión de los magistrados.


Añadió que Chávez abandonó el país alegando persecución política, porque las indagaciones sobre el Fondo Indígena no eran imparciales.


En la sentencia se puede leer que el Ministerio Público, el Viceministerio de Transparencia y la Procuraduría General del Estado, a la cabeza de Héctor Arce, argumentan que Chávez habla con claridad el castellano, además que la Norma Superior dice que la persona será juzgada en su idioma y que en el caso de Chávez no se lesionó sus derechos porque el juicio aún no empezó y estaba en etapa preparatoria.


 


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Quispe dice que Hurtado está libre. El diputado Rafael Quispe informó que la exdirigenta de la Cidob, Melva Hurtado, logró recobrar su libertad desde el pasado mes de octubre, después de pasar casi dos años encarcelada por estar implicada en el desfalco millonario al ex Fondo Indígena.


El MAS rechaza acusaciones de la oposición. El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Elmar Callejas, rechazó la afirmación de su colega de oposición Rafael Quispe, quien dijo que Melva Hurtado se benefició con libertad en el caso Fondo Indígena por que pertenece al partido oficialista.


 


ROMERO JUSTIFICA DECISIÓN JUDICIAL SOBRE ACHACOLLO


La Paz | ANF


El incumplimiento de deberes no es una tipología que amerite detención preventiva, indicó ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero, a propósito de la reciente decisión judicial que determinó detención domiciliaria para la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo.


Si el juez ha determinado medidas sustitutivas (para Achacollo), pues en realidad él está actuando conforme a derecho desde mi punto de vista, refirió Romero en conferencia de prensa.


El pasado 31 de octubre, el Juzgado Segundo de Instrucción Cautelar de La Paz ordenó detención domiciliaria para Achacollo, sin embargo, la exministra aún permanece en la cárcel de Miraflores porque no pudo pagar la fianza de 200.000 bolivianos que se le impuso para hacer efectiva su salida.


Según Romero, hay que diferenciar las responsabilidades y los grados de responsabilidad, y en el caso específico de Achacollo, ella sólo fue imputada por el delito de incumplimiento de deberes.

Ella presidía las reuniones de directorio (del ex Fondo Indígena), pero no tenía los votos de control del mismo () el cuestionamiento a la exministra no ha sido porque ella ha manejado proyectos, dijo.

Fuente: La Prensa

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