Gran parte de las casas que quedaron enterradas en el lodo el pasado 6 de febrero, en el peor desastre registrado en Tiquipaya, se construyeron cerca del río Taquiña, en el límite con el Parque Nacional Tunari (PNT), vulnerando la franja de seguridad con una normativa defectuosa, debido a que el reglamento para edificaciones se aplicó desde 2014, dos años antes de la promulgación de la Ley 06/2016, que amplió la huella urbana.

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El concejal de oposición y parte de la comisión que aborda este tema, Roberto Gonzales, informó que, por ese motivo, la Alcaldía de Tiquipaya anuló en 2016 el reglamento que modificó —sin tener una ley de homologación de la mancha urbana— las franjas de seguridad para ríos, torrenteras y otros aspectos de la normativa urbana.

Añadió que, desde 2014, el municipio de Tiquipaya se administró con un “reglamento trucho”, que permitió vulnerar la franja de seguridad y otras disposiciones para alentar la construcción de condominios. “Con esa reglamentación, obviamente, ellos han puesto edificios de siete pisos, condominios, todo a su criterio”, declaró Gonzales.

Siguió: “¿Que pasó en el municipio de Tiquipaya? Esa ley de ampliación de la mancha urbana ha sido homologada en mayo de 2016 por el presidente Evo Morales y a partir de esa fecha entró en vigencia. Pero la reglamentación a esa ley la pusieron en 2014. Eso es una aberración jurídica, dónde se ha visto que antes de que la ley sea homologada se ponga en vigencia el reglamento”.

Explicó que por eso se recomendó al alcalde de Tiquipaya, Juan Carlos Angulo, la abrogación del reglamento. También se analizan las implicaciones financieras que tendrán las entidades que financiaron las construcciones que se levantaron en terrenos que no estaban incluidos en la mancha urbana.

Además, se prevé el inicio de procesos contra los funcionarios municipales que aplicaron el reglamento sin contar con una ley.

Entretanto, las concejalas del MAS, Jhanet Vargas, Aleida Unzueta y Margarita Siles, informaron que ahora se trabaja en un nuevo reglamento en coordinación con una consultora, sin embargo, algunos distritos ya han dado a conocer sus observaciones.

El concejal Gonzales manifestó que luego del desastre en Tiquipaya, que acabó con cinco vidas, el propósito es elaborar una normativa con la participación de instituciones.     

Declaró: “Ahora sí veremos cuánto es la franja de seguridad con leyes nacionales, pero eso no exime que otras leyes siguen en vigencia. El permitir que la gente siga ahí es un riesgo grande”.

El municipio de Tiquipaya también tiene que elaborar su plan director, su plan de ordenamiento territorial y el plan de riesgos para reducir el riesgo de desastres.

 

OPINIONES

“El MAS ya va a estar 15 años administrando Tiquipaya, dos gestiones y ésta. ¿Qué ha hecho?, ¿por qué no ha hecho respetar las franjas de seguridad? Como autoridad, no lo han hecho. Esa es su responsabilidad”. Roberto Gonzales. Concejales

“Necesitamos que abran las calles y limpien las viviendas, porque ya están limpias para que hagan muralla. Hay ladrones que entran a sacarse las ventanas y puertas”. Lourdes Aguilar. Vecina urbanización Moor

 

REALIZARÁN NUEVO CENSO DE VIVIENDAS AFECTADAS

La reunión convocada por la Alcaldía con los damnificados de Tiquipaya culminó con la decisión de realizar un nuevo censo de las viviendas afectadas por la mazamorra, el sábado junto a personal de la Agencia Estatal de Vivienda.

El objetivo es contabilizar y detallar los daños que sufrieron las viviendas e identificar la posibilidad de resarcir las pérdidas, según informó el secretario técnico de Tiquipaya, Cecilio Salvatierra. Aclaró que la ayuda llegará a todos los afectados, sean propietarios o inquilinos.

“Tengan derecho propietario o sólo una minuta, lo que se va a hacer es gestionar ante la Agencia de Vivienda, incluso, independientemente si son legales o no, les daremos una vivienda digna”, apuntó.

En tanto, los afectados, se sintieron molestos por la espera de más de una hora para iniciar la sesión.

El Alcalde estuvo ausente ya que se encontraba de viaje realizando las gestiones pertinentes con la Agencia Estatal de Vivienda, según informaron sus representantes en la reunión.

Las familias se mostraron frustradas por la demora de soluciones para recuperar sus viviendas.

“Hasta ahora estamos en incertidumbre, no sabemos si nos relocalizarán o vamos a recuperar las viviendas”, comentó el dirigente de Juventud Chilimarca, Teodoro Toledo. Otros expresaron que las condiciones de los albergues son inhumanas y que necesitan cambiar de ambiente. “Si no hay solución, vamos a acudir a tras instituciones. Estamos en condiciones inhumanas”, dijo.

Fuente: Los tiempos

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